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El nuevo ministro de Trabajo busca implementar, por decreto y en desafío al Código Laboral vigente y la Constitución, un incremento del 30% sobre el salario mínimo mensual para los empleados domésticos.
El Tribunal Constitucional ya desestimó una medida similar, argumentando que una resolución ministerial no puede alterar una ley.
Nadie niega que los sueldos de los trabajadores domésticos son bajos. Sin embargo, también es innegable que muchos carecen de habilidades, formación o interés para desempeñar tareas mejor remuneradas.
Asimismo, mientras existan personas desempleadas cuya única opción laboral sea la limpieza, cocina o cuidado infantil, ninguna ley será suficiente para fijar el precio de un trabajo que muchos aceptarán por una paga menor a la establecida legalmente.
El objetivo de las leyes laborales debe ser fomentar la creación de empleos formales en el sector privado. Muchos trabajadores domésticos posibilitan que parejas jóvenes tengan dos ingresos familiares.
En hogares de clase media alta, es poco probable que contraten a alguien por solo RD$13,000 mensuales, además de que casi nadie con conocimientos o experiencia trabaja por menos de RD$500 diarios.
Promulgar esta medida, inviable tal como se plantea, solo sirve para irritar a la opinión pública, forzar otra posible marcha atrás o aumentar el desempleo. Ninguno de estos resultados beneficia al país ni al Gobierno.
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