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SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público requirió prisión preventiva como medida de coerción para el abogado Héctor Aníbal Santillán Faulkner, imputado como cabecilla de la red criminal que creó un esquema societario fraudulento, el cual captó más de RD$3,000 millones y fue desmantelado a través de la operación Gaviota.
Esto, luego de presentar la solicitud de medida de coerción ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, contra el jurista al que se le imputan asociación de malhechores, delitos de alta tecnología, fraude, lavado de activos y otros ilícitos.
Desde 2023, Santillán Faulkner estaba prófugo y su función dentro de la estructura era constituir y adquirir sociedades comerciales utilizadas para las operaciones fraudulentas, vinculadas a su gestión de inversión Cataleya, en La Romana, la cual movilizó RD$ 637,699,493.34 y US$ 962,272.89.
Asimismo, la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (COOPES), donde ejercía como presidente, fue supuestamente empleada para captar fondos de las víctimas.
Por el caso Gaviota, 25 personas y 16 empresas están cumpliendo medidas de coerción.
Según el órgano acusador, los imputados en la estructura criminal del caso Gaviota establecieron empresas sin los permisos de la Superintendencia de Bancos ni de la Superintendencia del Mercado de Valores, operando bajo un esquema piramidal.
La captación se realizaba en niveles, a través de empresas secundarias y terciarias que simulaban canalizar inversiones hacia una firma principal. Sin embargo, las evidencias indican que menos del 15% de los fondos se colocaron realmente en brókers.
La organización criminal captaba inversores prometiendo altos rendimientos, del 10% al 30% mensual, mediante supuestas operaciones de trading. Utilizaban plataformas digitales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para atraer víctimas con promesas irreales de rentabilidad.
El dinero de nuevos inversores se utilizaba para pagar intereses a los primeros clientes, simulando solvencia financiera con estados de cuenta falsificados.
Para ocultar rastros, los responsables cedieron acciones de sus empresas y cambiaron de residencia, trasladándose desde Higüey hacia Dajabón y Azua; algunos incluso abandonaron el país.
Los imputados usaron el dinero de las víctimas para costearse viajes, procedimientos estéticos, y la compra de bienes inmuebles y vehículos de lujo.
Un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, tiene prevista para las próximas horas la audiencia de la medida de coerción al abogado Héctor Aníbal Santillán Faulkner, señalado como el «cerebro legal» de la red de estafas del caso Gaviota.
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