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Una contabilidad eficiente de las deportaciones de haitianos por la Dirección General de Migración parecería solo beneficiar a quienes se aprovechan del tráfico humano en la frontera, sin temer las consecuencias.
Si cientos de miles de haitianos, en las precarias condiciones actuales, están dispuestos a cruzar la frontera buscando una vida mejor, ¿qué se puede esperar de aquellos que han sido retornados a su país?
Estos han experimentado la solidaridad en un vecindario dominicano, la demanda laboral en una plantación, la construcción de una casa o edificio, sin mencionar la ausencia de la violencia que imponen las bandas en carreteras, pueblos y en la misma capital, Puerto Príncipe.
Nadie tiene la estadística de los deportados por Dajabón, Elías Piña o Jimaní que al día siguiente, o a la semana, vuelven al lugar donde vivían o a otro punto del país.
Que en algunos operativos contra traficantes de personas se detenga a uno, o a varios, y sean llevados ante un tribunal por el delito de tráfico humano, demuestra que estamos frente a un «negocio» muy arraigado.
Cualquiera puede percibir que el trabajo de la Dirección General de Migración es una especie de motor que alimenta el «negocio» de quienes, tanto en Haití como en República Dominicana, hacen de la desesperación del migrante haitiano una fuente significativa de ingresos.
¿Saben en los organismos de «inteligencia» del Estado quiénes se lucran de este tráfico? ¿Lo sabe la Dirección General de Migración?
Ante la situación actual de este fenómeno, todos parecen sospechosos.
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