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MIAMI (AP) — Ante el hacinamiento de inmigrantes en el Centro de Detención Krome en Miami, cercano a los Everglades del Parque Nacional de Florida, el personal temió un motín.Mientras el expresidente Donald J. Trump se proponía cumplir su promesa electoral de realizar arrestos y deportaciones masivas de migrantes, Krome, el centro de detención de inmigrantes más antiguo de Estados Unidos y con un largo historial de abusos, vio cómo su población de reclusos se multiplicó por casi tres, superando su capacidad de 600 personas.”¡Hay 1.700 personas aquí en Krome!”, escribió un empleado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) a un colega el mes pasado, añadiendo que, aunque sentía inseguridad al recorrer las instalaciones, nadie se atrevía a expresarlo.Esa tensión — motivada por el miedo a represalias por intentar garantizar condiciones más humanas — , emerge en medio de una disputa en tribunales federales y en el Congreso sobre si la ofensiva del presidente contra los inmigrantes ha sido excesiva y apresurada, a expensas de los derechos fundamentales.En Krome, se han reportado numerosas denuncias sobre escasez de agua y comida, hacinamiento insalubre y negligencia médica. Ante el aumento de quejas, el gobierno de Trump cerró tres oficinas de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) encargadas de investigar dichas denuncias.Un intercambio de mensajes y varios documentos fueron compartidos con The Associated Press por un empleado federal que solicitó el anonimato por temor a represalias. Algunos documentos incluyen quejas de los detenidos, así como un relato de la llegada de 40 mujeres a Krome, un centro para hombres, lo que podría violar una ley federal para reducir el riesgo de abuso en las prisiones.Krome no es el único centro que enfrenta un problema fundamental: la falta de camas. A nivel nacional, las detenciones se han disparado a casi 48.000 hasta el 23 de marzo, un incremento del 21% con respecto al final del gobierno de Joe Biden. En las últimas semanas, las detenciones prácticamente se han estancado debido a que los esfuerzos para deportar a muchos de esos mismos inmigrantes se han visto obstaculizados por diversos recursos legales.Para abordar la escasez, ICE publicó este mes una solicitud de licitación para operar centros de detención por hasta 45.000 millones de dólares, ya que busca ampliar su capacidad a 100.000 camas desde las aproximadamente 41.000 que permite su presupuesto actual. Como parte de la expansión, el gobierno federal, por primera vez, busca retener a migrantes en bases militares estadounidenses — lo que pone a prueba los límites de una prohibición de más de un siglo sobre la participación castrense en la aplicación de la ley civil.En algunos aspectos, su enfoque controvertido funciona. Apenas 11.000 migrantes fueron detectados en la frontera entre Estados Unidos y México en marzo, el nivel más bajo en al menos una década, y una disminución respecto a los 96.035 de diciembre de 2024, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).Krome es solo una de las cinco instalaciones que ICE gestiona directamente — las otras están en Buffalo, Arizona y dos en Texas — y puede albergar a detenidos durante más de 16 horas. Tras la toma de posesión de Trump, ICE recibió órdenes de reunir a los migrantes, con pocas opciones sobre dónde enviarlos. La mayoría de las camas se alquilan a prisiones, cárceles o instalaciones privadas locales que tienen límites estrictos sobre el número de detenidos que están obligadas a aceptar contractualmente.A medida que sus pabellones de hormigón comenzaron a llenarse, los trabajadores federales comenzaron a documentar cómo empeoraban las condiciones en informes semanales a los directivos del Departamento de Seguridad Nacional. Fueron presentados a través de la Oficina del Defensor de Inmigrantes Detenidos (OIDO) del DHS, un organismo de control independiente establecido por el Congreso durante el primer gobierno de Trump para mitigar las consecuencias de una serie de escándalos sobre el trato en los centros de detención.La oficina tuvo cuatro defensores de derechos humanos en dos meses, mientras los funcionarios de Trump incrementaban los arrestos sin un plan sobre dónde enviarlos. La situación se agravó a mediados de marzo, cuando los 100 empleados de la oficina — incluido un gerente de casos en Krome — , fueron suspendidos temporalmente de sus funciones en un esfuerzo por eliminar obstáculos para la aplicación de la ley, según describieron los funcionarios.”En lugar de apoyar las iniciativas de las fuerzas del orden, a menudo funcionan como adversarios internos que ralentizan las operaciones”, dijo Tricia McLaughlin, portavoz del DHS.Casi al mismo tiempo, el caos de Krome se hizo público. Imágenes grabadas en secreto con un celular y publicadas en TikTok mostraron a un grupo de hombres durmiendo en pisos de concreto y bajo mesas con poco más que sus zapatos como almohadas.”Estamos prácticamente secuestrados”, dijo Osiris Vázquez, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, en el video que acumuló 4,4 millones de visualizaciones. “No queremos ‘likes’. ¡Queremos ayuda, por favor!”.Vázquez, quien fue detenido mientras conducía de regreso a casa desde un trabajo de construcción cerca de Miami, relató que compartió una pequeña sala con unos 80 hombres durante dos semanas. No se permitían las duchas ni las llamadas telefónicas; los baños, con olor fétido, estaban descuidados; y la comida se limitaba a un sándwich de mantequilla de maní.”No había reloj, no había ventana, ni luz natural”, recordó Vázquez en una entrevista. “No se sabía si era de día o de noche”.Al final, Vázquez decidió auto deportarse. Pero su pesadilla no concluyó. De vuelta en su ciudad natal — Morelia, en México — , donde no había puesto un pie en casi una década, tuvo que ser hospitalizado dos veces por una infección respiratoria que, afirma, contrajo en Krome.”Todos los que conozco se enfermaron. Estábamos viviendo encima uno al otro”, dijo Vázquez.Pudo haber sido peor. Desde que Trump regresó a la Casa Blanca, tres detenidos han fallecido bajo custodia de ICE, dos de ellos en Krome.El último, Maksym Chernyak, falleció tras quejarse a su esposa del hacinamiento y las condiciones gélidas. El ucraniano de 44 años y su esposa entraron con permiso a Estados Unidos en agosto bajo un programa humanitario para personas que huían de la guerra de Rusia con su país.Fue enviado a Krome tras ser arrestado en el sur de Florida por violencia doméstica, e inmediatamente contrajo un resfriado. Tras ser monitoreado durante una semana por hipertensión, el 18 de febrero, a las 2:33 a.m., fue trasladado a un hospital por vómitos y temblores similares a convulsiones. Un informe de ICE señaló que parecía estar intoxicado, y en ocasiones, inconsciente. Dos días después, falleció.Además de acetaminofeno (paracetamol), no recibió ningún medicamento para tratar la presión arterial, según un informe de dos páginas de ICE sobre la muerte de Chernyak. La autopsia determinó que la causa de muerte fueron complicaciones por un derrame cerebral agravado por la obesidad.La viuda de Chernyak dijo que antes de la detención, su esposo, era un “hombre fuerte y saludable”. Sin traductores o intérpretes en Krome, agregó que a su esposo le costaba comunicarse con los guardias sobre el deterioro de su salud.”Ellos vieron su condición, pero la ignoraron”, declaró Oksana Tarasiuk en una entrevista. “Si no lo hubieran puesto en Krome, estoy segura de que seguiría vivo”.En un comunicado, ICE no hizo comentarios sobre acusaciones específicas de maltrato, pero dijo que ajusta sus operaciones según sea necesario para cumplir con su deber de tratar a los individuos con dignidad y respeto.”Estas acusaciones no se ajustan a las políticas, prácticas y estándares de atención del ICE”, expuso la agencia. “ICE toma muy en serio su compromiso de promover entornos seguros y humanos para quienes se encuentran bajo nuestra custodia”.Abogados han indicado que, en los últimos días, Krome ha transferido a varios detenidos y que las condiciones han mejorado. Pero eso podría simplemente trasladar los problemas a otras partes del sistema de detención migratoria, opinan abogados y defensores de inmigración.A unos 32 kilómetros (20 millas) al este de Krome, en el Centro de Detención Federal, en el centro de Miami, los oficiales penitenciarios tuvieron que usar granadas aturdidoras, proyectiles con gas pimienta y descargas paralizantes para sofocar un levantamiento de detenidos la semana pasada, informaron a la AP dos personas familiarizadas con el asunto.El incidente ocurrió cuando un grupo de unos 40 detenidos esperó casi ocho horas para ser admitidos en las instalaciones, ya que los funcionarios de la cárcel contabilizaron mal el número de personas entregadas por ICE, según las fuentes, quienes hablaron bajo condición de anonimato porque no están autorizadas a discutirlo públicamente. Ante la confusión reinante, los detenidos que llegaron — algunos de Jamaica — arrancaron un rociador contra incendios del techo, lo cual inundó una celda, y arrebataron las porras de los oficiales penitenciarios, según las fuentes.La Oficina Federal de Prisiones, que administra las instalaciones, no confirmó los detalles del incidente, pero dijo que en ningún momento la gente estuvo en riesgo.”Esto ha puesto una enorme presión en nuestro personal”, dijo Kenny X. Castillo, pre
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