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Redacción Centroamérica.- Las deportaciones de migrantes desde Estados Unidos, producto de la inflexible política migratoria del presidente Donald Trump, serán tema central en la próxima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Muchos de sus 33 miembros se ven impactados por la expulsión de sus connacionales o por la obligación de aceptar vuelos con ciudadanos de otros países.
México, que anunció la asistencia de su presidenta, Claudia Sheinbaum, a la cumbre en Honduras el próximo miércoles, recibió más de 24.400 deportados en las primeras ocho semanas del nuevo Gobierno de Trump. Esto incluye cerca de 4.600 extranjeros, muchos de ellos venezolanos, que tras verse frustrados en el llamado ‘Sueño americano’, deciden regresar a Suramérica.
La promesa de «deportaciones masivas» del líder republicano aún no se ha hecho sentir en el llamado Triángulo Norte, integrado por Guatemala, El Salvador y Honduras, protagonistas de una larga historia de migración irregular hacia EE.UU., impulsada por la pobreza y la violencia.
Según datos oficiales, en Estados Unidos residen, legal o irregularmente, alrededor de 6 millones de guatemaltecos (unos 3 millones), salvadoreños (más de 2 millones) y hondureños (más de un millón). Las autoridades de estos tres países no han reportado hasta ahora un incremento significativo en el número de repatriados, aunque la comparación puede ser engañosa. En el año fiscal 2024, el último del Gobierno del demócrata Joe Biden, EE.UU. expulsó a 271.484 inmigrantes, la cifra más alta de su mandato, mientras que la más alta de la primera administración de Trump (2017-2021) fue de 347.090 en el año fiscal 2019.
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El récord, sin embargo, lo mantiene el demócrata Barack Obama (2009-2017), con 432.334 deportados en 2013. El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, quien también estará en la cumbre de la Celac, se comprometió en febrero pasado con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, a recibir un 30% más de vuelos de repatriados y a permitir el uso de su territorio para atender a migrantes de otras nacionalidades.
Hasta el momento, no se han enviado a Guatemala migrantes extranjeros, situación ya vivida por la nación centroamericana entre 2019 y 2021 debido a un acuerdo similar entre la primera administración de Trump y el entonces presidente guatemalteco Jimmy Morales (2016-2020).
A Honduras han llegado varios vuelos militares de Estados Unidos con migrantes venezolanos. Estos fueron esperados en la base de Palmerola -utilizada por personal militar estadounidense- por aviones de Venezuela para trasladarlos a su país, en el marco de un acuerdo entre Washington y Tegucigalpa.
Por su parte, El Salvador recibió a más de 200 migrantes, incluyendo venezolanos acusados de pertenecer a la banda criminal transnacional Tren de Aragua. Estos fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Hay denuncias tanto en EE.UU. como en El Salvador de violaciones al debido proceso y a los derechos humanos por estas expulsiones, justificadas por el Gobierno de Trump bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789, que permite aprehender, restringir y expulsar a ciudadanos de otro país que participen en una «guerra declarada» o una «invasión o incursión depredadora» contra EE.UU.
En febrero pasado, Costa Rica recibió desde Estados Unidos 200 migrantes originarios de Asia y África. Panamá se encuentra en una situación similar, donde EE.UU. envió a 299 migrantes extracontinentales. De ellos, más de un centenar permanecen en el país con un permiso que les permite, por sus propios medios, buscar una tercera nación para establecerse.
Nicaragua, a pesar de la retórica antiimperialista de su presidente, Daniel Ortega, sigue recibiendo vuelos desde Estados Unidos con indocumentados nicaragüenses, aunque, a diferencia de antes, no divulga información sobre ellos.
Entre los demás países afectados, República Dominicana recibió más de 700 nacionales desde que Trump asumió su segundo mandato, y más de 2.000 ecuatorianos fueron deportados en el primer trimestre de 2025.
Los venezolanos han sido, en los últimos años, la nacionalidad más numerosa entre los migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos. La falta de acuerdos con muchos países ha impedido las deportaciones directas.
Como parte de un reciente acuerdo entre Caracas y Washington para recibir a deportados, el viernes llegó a Venezuela, en un avión estadounidense, otro grupo de migrantes venezolanos, el segundo vuelo tras el que aterrizó en la nación caribeña hace una semana.
En total, 2.190 venezolanos han regresado a su país desde febrero pasado, como parte, según Caracas, de una nueva fase del programa gubernamental de repatriación Vuelta a la Patria, creado en 2018, y en coordinación con EE.UU. y otros países, como México y Honduras.
Mientras tanto, el Gobierno de Trump tiene previsto revocar el «parole humanitario», un permiso migratorio que ha permitido residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos a unos 530.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
El beneficio migratorio expirará el 24 de abril, por lo que quienes se acogieron a él deberán abandonar el país antes de esa fecha o correr el riesgo de permanecer en el país de manera irregular.
De acuerdo con los últimos datos del Departamento de Seguridad Nacional, unas 110.000 personas de Cuba, 210.000 de Haití, 93.000 de Nicaragua y 117.000 de Venezuela accedieron a EE.UU. bajo este programa.
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