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El exmandatario confirmó a los medios locales que recibió un correo electrónico informándole de la revocación de su visa y que ignora los motivos detrás de esa decisión.
El Gobierno de Estados Unidos le retiró la visa al expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez, sumándose así a una lista de figuras políticas costarricenses a quienes el Gobierno de Donald Trump les retiró el documento sin fundamentos oficiales.
El exgobernante (1986-1990 y 2006-2010) confirmó a los medios locales haber recibido un correo electrónico notificando la revocación de su visa y que desconoce las razones de dicha acción.
Arias ofrecerá una rueda de prensa al final del día martes para dar su opinión sobre el tema.
En sus redes sociales, Arias ha sido crítico con el Gobierno de Donald Trump, especialmente en cuanto a su manejo de la guerra entre Rusia y Ucrania, así como con la postura del actual Gobierno de Costa Rica, presidido por Rodrigo Chaves, en relación a la visita del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en febrero pasado.
«Siempre he creído que Estados Unidos es una nación que busca un enemigo. Hoy ese enemigo es China. Tener un supuesto enemigo les ha permitido alimentar la industria armamentística y justificar que hoy destinen un billón de dólares (un trillón para los estadounidenses) a armas y soldados», escribió Arias el pasado 3 de febrero en Facebook.
Arias, quien gobernó Costa Rica en los periodos 1986-1990 y 2006-2010, afirmó que durante sus mandatos el Gobierno «nunca recibió órdenes de Washington, como si fuéramos una república bananera».
Durante su segundo mandato, Arias impulsó la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y también estableció relaciones diplomáticas con China en 2007, lo que propició la firma de un TLC con el gigante asiático.
Tras la visita del secretario Rubio a Costa Rica en febrero pasado, el Gobierno estadounidense retiró la visa a los diputados Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), el mismo partido de Arias; y a las legisladoras Johana Obando y Cynthia Córdoba del Partido Liberal Progresista, así como a la auditora general del Instituto Costarricense de Electricidad (estatal de energía y telecomunicaciones), Ana Sofía Machuca.
Todos ellos habían sido criticados constantemente por el presidente Rodrigo Chaves y algunos de sus ministros, por supuestamente apoyar o favorecer a la empresa china de telecomunicaciones Huawei, la cual aspiraba a competir por contratos para el desarrollo de redes 5G en Costa Rica.
En su visita a Costa Rica, Rubio felicitó al Gobierno costarricense por su «firmeza» al no permitir la participación de empresas chinas en 5G y advirtió de posibles sanciones para funcionarios que colaboraran con actores extranjeros que representen una amenaza para la ciberseguridad estadounidense.
Desde 2023, el Gobierno de Chaves firmó un decreto que establece que para participar en los contratos para redes y equipos 5G, los países de origen de las empresas interesadas deben ser signatarios del Convenio de Budapest sobre la lucha contra la ciberdelincuencia.
China, país sede de la empresa Huawei, no es signatario de ese instrumento, por lo que la compañía ha quedado fuera de los concursos públicos, aunque ha apelado por vías legales.
El Gobierno costarricense ha defendido que el decreto busca proteger los datos y la información de las empresas y las personas, y ha cuestionado la transparencia de China, lo que ha provocado tensiones con la embajada asiática.
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