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La iniciativa fue instruida por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, con la meta de empujar a los indocumentados a salir del territorio. La Administración de Donald Trump ha añadido a más de 6,000 migrantes, mayormente latinos, en la base de datos de difuntos, cortándoles la posibilidad de trabajar legalmente en Estados Unidos o recibir ayudas sociales, según reportó The Washington Post.
La acción fue ordenada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, con el propósito de persuadir a los indocumentados para que abandonen el país, relató un oficial de la Casa Blanca al periódico.
Esta nueva política se sustenta en dos memorandos internos firmados el pasado lunes que dan permiso al Seguro Social para agregar a migrantes en el registro de defunciones por motivos de seguridad nacional.
Los que están bajo la lupa son migrantes inscritos en el Seguro Social que ya no tienen estatus legal, o quienes entraron al país bajo programas migratorios de la previa Administración de Joe Biden (2021-2025) y que han vencido con el Gobierno actual.
Las fuentes detallaron al diario que algunos de los afectados están en la lista de vigilancia antiterrorista del FBI.
Según el diario, el Gobierno planea incluir en el listado de fallecidos a 92,000 migrantes con alguna condena penal.
«El presidente Trump prometió deportaciones masivas y, al suprimir el incentivo económico para que los inmigrantes indocumentados vengan y permanezcan, los instaremos a auto-deportarse», declaró Elizabeth Huston, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado.
De acuerdo con The Washington Post, algunos funcionarios de la Seguridad Social han puesto en duda la legalidad de esta práctica, argumentando que incorporar en ese listado a personas vivas conocidas infringe las leyes de privacidad.
La estrategia de Trump contra la inmigración abarca la anulación de múltiples permisos expedidos por el Gobierno de Biden, una aplicación móvil para que los migrantes soliciten su deportación y el envío a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador de personas supuestamente vinculadas al crimen organizado.
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