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Emma Polanco encabezará la nueva Cámara de Cuentas

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Precisamente, su afirmación está fundamentada en el constante incumplimiento del plan anual de objetivos que aprueba la entidad.

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Estas personalidades reemplazarán el próximo jueves, según anunció el presidente de la comisión, a Janel Ramírez, quien lideraba la Cámara de Cuentas, junto a Elsa Castaño, Tomasina Tolentino, Mario Fernández y Elsa Peña.

Tras meses evaluando a aproximadamente 200 personas, el Congreso Nacional finalizó este martes la selección del nuevo pleno que dirigirá durante el periodo 2025-2029 la Cámara de Cuentas (CCRD).

El senador Guillermo Lama, presidente de la comisión especial, presentó el informe a través del cual reveló los nombres de Emma Polanco, quien presidirá la institución, acompañada de Francisco Tamárez, quien ejercerá de vicepresidente.

Además, estarán Francisco Franco, Ramón Méndez y Griselda Gómez, como miembros del organismo de fiscalización.

Los 32 representantes del Senado de la República fueron los asignados para dar cierre al proceso de elección, en el que cinco dominicanos “expertos” en distintas áreas recibieron la responsabilidad de administrar las labores del órgano fiscalizador.

Estas personalidades serán juramentadas el miércoles a las 11:00 de la mañana, según anunció el presidente del Senado, Ricardo de los Santos.

Esta moción obtuvo el rechazo de los tres senadores que representan a la Fuerza del Pueblo (FP), único partido político no oficialista en la cámara alta, quienes presentaron un informe disidente asegurando que esta elección, acogida sin el consenso total, podría terminar en una falta de gobernabilidad en la dirección del ente fiscalizador.

Es por esto que, al finalizar la reunión de comisión definitiva realizada en horas de la mañana de este martes, el vocero opositor, Omar Fernández, aclaró que el rechazo de su bancada no es por todos los electos, sino porque “entendíamos que había perfiles más acordes a lo que requiere una Cámara de Cuentas como la de República Dominicana y lamentablemente no fueron tomados en consideración”.

No obstante, no fue suficiente para impedir que los congresistas del oficialismo expresaran su respaldo al documento con sus firmas. Estos fueron los senadores Guillermo Lama, María Dilone, Gustavo Lara, Franklin Romero, Aneudy Ortíz, Rogelio Genao, Moises Ayala.

“Habilidades blandas”

Lama explicó que la valoración a cada perfil enviado por la Cámara de Diputados buscó asegurar una eficaz administración de las habilidades blandas, ya que precisamente estas fueron una de las causas que provocaron divisiones dentro del actual pleno de Janel Ramírez, impidiendo que fuesen reelectos en el puesto del órgano fiscalizador.

“Tomamos muy en cuenta ciertas actitudes que la cámara de cuenta anterior no pudo manejar y que creo que fue parte del tema que le generó muchos problemas que puedan cumplir con su rol para el cual fueron seleccionados”, precisó.

De acuerdo con la Constitución, dentro de las principales atribuciones de este órgano constitucional está garantizar el control fiscal de los recursos públicos y la verificación de los procesos administrativos vinculados al patrimonio del Estado. Asimismo, auditar las ejecuciones del presupuesto general del Estado que cada año aprueba el Congreso Nacional.

1,400 millones de pesos

La CCRD realizó únicamente, en 2023, dos auditorías que registraron un costo total de RD$1,400 millones.

El congresista Rogelio Lanza, presidente de la comisión de Cámara de Cuentas en la Cámara de Diputados, reveló el 18 de diciembre del pasado año que cada informe de supervisión y control al erario estatal culminado por la actual gestión de la CCRD, presidida por Janel Ramírez, costó RD$700 millones.

El legislador calificó de “pobre” el trabajo realizado por el pleno del órgano constitucional que fue posesionado en 2021. Precisamente, su afirmación está fundamentada en el constante incumplimiento del plan anual de objetivos que aprueba la entidad.

“(Los informes) han sido muy pobres. En 2023, su plan de auditorías, de 80 auditorías, solo cumplió dos auditorías. Si calculamos, 700 millones (para) cada auditoría”, aseveró.

Precisamente, esta y otras acciones fueron las que causaron un rechazo generalizado de los representantes del Poder Legislativo, hacia el órgano fiscalizador, impidiendo su permanencia en el puesto.

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