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En la agenda figura que en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca ocurrirá, en lo que el presidente Donald Trump ha bautizado como el «Día de la Liberación», un anuncio trascendental: el presidente estadounidense, junto con todo su gabinete, dará a conocer el paquete arancelario más profundo, extenso y diverso, con el mayor impacto en la economía global que Estados Unidos haya implementado.
Una frase de la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, nos da una idea de la magnitud de lo que sucederá: «Cualquier país que haya tratado de manera injusta al pueblo estadounidense debería esperar un arancel el miércoles».
Evidentemente, la portavoz se refiere a aranceles recíprocos para cada país que comercia con Estados Unidos, que se sumarán a una serie de aranceles específicos, por país o por rubro de importación, (algunos como castigo por falta de cooperación y otros como sanción por cooperación insuficiente en inmigración, tráfico de drogas y seguridad).
Se trata de un evento que sellará un cambio disruptivo en el mercado mundial, que en medio de incertidumbres, lleva de la globalización a la nacionalización y regionalización de los mercados.
Ante esta nueva realidad, República Dominicana debe prepararse para, aprovechando su condición de aliado valorado por Estados Unidos, negociar un acuerdo bilateral (acuerdos país por país es el enfoque del Gobierno de EE.UU, según Mauricio Claver-Carone, enviado especial del Departamento de Estado para América Latina) que reemplazaría el DR-Cafta, para así obtener en la promoción de inversiones los beneficios que no disfrutaría a través de tratos arancelarios generosos.
Sobre el impacto fiscal, Peter Navarro, asesor comercial de la Casa Blanca, ha dicho que el cambio arancelario podría generar 600.000 millones de dólares al año (6 billones de dólares en la próxima década).
Es algo a tener en cuenta. La mirada de República Dominicana sobre el proceso iniciado en Estados Unidos no debe ser superficial, sino profunda y estratégica, prestando también atención a lo que ocurre con el gasto fiscal y lo que se espera con una reforma impositiva, que se da por segura.
Debido a los ruidos generados y a los obstáculos encontrados, es probable que el recorte del gasto no logre el ahorro de 2.0 billones de dólares del que se ha hablado; pero, por la tenacidad y perseverancia con la que se está llevando a cabo, augura que será significativo.
El objetivo del Gobierno de Trump es apoyarse en los nuevos ingresos generados por los aranceles y en el ahorro por reducción del gasto público, para aprobar la reforma impositiva, que reduciría la tasa que pagan las corporaciones del 21% actual al 15%.
Esto obligaría a una reforma tributaria en el país, para evitar pérdida de competitividad en la atracción de inversiones, debido al ensanchamiento de la diferencia entre la tasa local del 27% y la del 15% que quedaría en Estados Unidos.
El cambio es disruptivo y será doloroso, pero si, a pesar de las incertidumbres generadas, la economía de EE.UU. absorbiera su impacto sin descarrilarse, se estaría desactivando una potencial crisis de deuda en la principal economía del mundo, porque la intención de Trump, y está por verse si lo logra, es que el Gobierno estadounidense vuelva a operar con superávit fiscal.
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