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Juan Miguel Castillo Pantaleón acusa al TC de vulnerar la Constitución con su fallo.
El exjuez y abogado constitucionalista Juan Miguel Castillo Pantaleón calificó esta mañana de muy seria la decisión del Tribunal Constitucional de otorgar la nacionalidad a más de 30 haitianos que residen de manera irregular en República Dominicana, porque en su sentencia viola la Constitución y ha incumplido su obligación fundamental que es garantizar la aplicación de la justicia.
“El argumento del Tribunal Constitucional carece de sustento legal, la base es el decreto de naturalización, que es el decreto 262-20, que previamente había sido demandado en inconstitucionalidad por diversas personas, incluyendo abogados, el primero de los cuales es quien les habla, y el propio Ministerio de Interior y Policía había afirmado que el citado decreto emitido en los últimos días del gobierno de Danilo Medina carecía de base legal”, resaltó.
Denunció que mientras el TC ordena nacionalizar a un grupo de inmigrantes irregulares, “no ha fallado la acción de inconstitucionalidad que presenté contra el decreto de naturalización 262-20, que benefició a esos 750 haitianos, de los cuales estos treinta y tantos son parte”.
La sentencia TC 0067/25, que ordena al Ministerio de Interior y Policía nacionalizar a 30 haitianos, fue emitida por el alto tribunal el pasado 28 de marzo del año en curso.
Acusó a la alta corte de prevaricación, puesto que niega justicia, ya que sin fallar un caso de inconstitucionalidad contra la naturalización de un grupo de haitianos irregulares sometido hace 5 años, ahora emite una sentencia a favor de esos nacionales.
“La reciente decisión del Tribunal Constitucional, que es la sentencia 067 del año 2025, en materia de amparo ha ordenado al Ministerio de Interior y Policía juramentar como dominicanos a una treintena de haitianos, revocando así una decisión de la jurisdicción contencioso-administrativa que había rechazado esa solicitud, carece de fundamento”, afirmó.
Agregó que “la base de ese decreto de naturalización, que es el decreto 262-20, había sido demandada previamente en inconstitucionalidad por varias personas, entre las cuales figuran abogados, el primero de los cuales es quien les habla, el propio Ministerio de Interior y Policía incluso había presentado un informe al Presidente de la República indicando que este decreto, dado durante la transición de los últimos días del gobierno de Danilo Medina, no cumplía con los requisitos mínimos de la ley de naturalización, careciendo de la documentación elemental para conceder este privilegio a estos extranjeros”.
Lamentó que aunque el decreto 262-20 fue demandado en constitucionalidad, el Tribunal Constitucional, a cinco años de su demanda, no se ha pronunciado.
“Sin embargo, valida su contenido absolutamente ilegal e inconstitucional, esto es muy grave, ha incumplido su obligación primordial, el precedente, por lo tanto, es sumamente grave y pone en riesgo la vigencia del Estado de Derecho y de la Constitución de la República. Es una verdadera lástima que esto haya sido hecho por el propio Tribunal Constitucional”, consideró.
La sentencia
El pasado 28 de marzo, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia TC/0067/25, en la que acoge un recurso de amparo presentado por un grupo de haitianos irregulares y ordena al Ministerio de Interior y Policía juramentarlos como dominicanos. La decisión se produce cuando el gobierno anuncia 15 medidas para enfrentar la inmigración ilegal.
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