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MCALLEN, Texas – El miércoles, jueces de Texas y Nueva York anunciaron medidas para suspender temporalmente la deportación de venezolanos encarcelados en esos estados. Esto sucedería mientras sus defensores legales desafían el uso, por parte del gobierno estadounidense, de una ley poco utilizada que permite a los presidentes encarcelar y deportar a extranjeros en tiempos de guerra.
Los jueces tomaron estas decisiones después de que los abogados de derechos civiles intentaran proteger a cinco hombres, a quienes el gobierno identifica como miembros de la banda Tren de Aragua, una afirmación que sus abogados refutan. Los jueces determinaron que otros en circunstancias similares, dentro de sus distritos judiciales, también estarían protegidos contra la deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
Estas acciones judiciales son las primeras tras la decisión de la Corte Suprema estadounidense el lunes, que permite al gobierno reanudar las deportaciones, pero exige que los deportados tengan cierto debido proceso antes de ser enviados, incluyendo un plazo razonable para argumentar ante un juez por qué no deberían ser deportados.
La decisión judicial no abordó la constitucionalidad de la ley. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) solicita al juez en Texas que determine si es legal aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros.
Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, aunque el gobierno del presidente Donald Trump sostiene que EE.UU. está siendo invadido por Tren de Aragua.
Las autoridades migratorias estadounidenses ya han deportado a más de 100 personas, enviándolas a una prisión notoria en El Salvador, sin permitirles impugnar sus expulsiones en los tribunales.
Los abogados de derechos civiles presentaron demandas en nombre de tres hombres detenidos en una instalación en Texas y dos en una instalación del condado de Orange, Nueva York.
El juez Fernando Rodríguez Jr. emitió una orden de restricción temporal en Texas, mientras que el juez Alvin K. Hellerstein indicó en una audiencia en Nueva York su intención de emitir una orden temporal el miércoles para bloquear las expulsiones, mientras los desafíos legales continúan.
En Texas, el juez Rodríguez indicó que cualquier persona en una situación similar en el Centro de Detención El Valle estaría protegida. En Nueva York, el juez Hellerstein señaló que su orden protegerá a los venezolanos en el Distrito Sur de Nueva York, que incluye los distritos de Manhattan y el Bronx de la ciudad de Nueva York, además de los condados Dutchess, Orange, Putnam, Rockland, Sullivan y Westchester.
En Texas, los tres demandantes incluyen a un hombre seropositivo que teme no tener acceso a atención médica si es deportado.
Los hombres fueron identificados como miembros de la banda basándose en atributos físicos, mediante la “Guía de Validación de Enemigos Extranjeros”. Esta guía permite a un agente de inmigración sumar puntos basándose en tatuajes, gestos con las manos, símbolos, logotipos, grafitis y forma de vestir, según la ACLU. Expertos que estudian la banda han declarado a la ACLU que este método no es fiable.
Las demandas buscan estatus de acción de clase para beneficiar a otros detenidos que enfrentan una deportación similar. La ACLU había solicitado una orden de restricción temporal para mantener a sus demandantes en EE.UU. y que el juez declarara ilegal la Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII, invocada por el gobierno de Trump.
En Nueva York, Hellerstein programó una audiencia para el 22 de abril para determinar si una orden de restricción temporal que planeaba emitir el miércoles se convertiría en una orden judicial preliminar.
En una audiencia, el Procurador General Adjunto, Drew Ensign, del Departamento de Justicia en Washington, se opuso a una orden temporal.
Ensign argumentó que las autoridades migratorias le habían informado que había “solo un puñado” de venezolanos, probablemente menos de 10, detenidos en el Distrito Sur de Nueva York.
Cuando Hellerstein sugirió que 10 individuos serían suficientes para constituir una clase, Ensign respondió: “No estamos de acuerdo”.
El caso involucra a dos venezolanos que también enfrentan deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Grupos de libertades civiles han demandado al gobierno en nombre de los dos hombres, de 21 y 32 años, quienes están detenidos por las autoridades migratorias en una cárcel a unos 72 kilómetros (aproximadamente 45 millas) al noroeste de la ciudad de Nueva York.
Lee Gelernt, un abogado de la ACLU que abogó por una orden de restricción en Nueva York, declaró fuera de la corte que la ACLU está actuando distrito por distrito por ahora, pero que eventualmente buscará una orden judicial a nivel nacional. Esto evitaría que los abogados de derechos civiles tengan que presentar casos en 96 jurisdicciones diferentes.
La Ley de Enemigos Extranjeros solo se ha utilizado tres veces en el pasado: durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, donde se empleó para justificar el internamiento masivo de personas de ascendencia japonesa, en un momento en que Estados Unidos estaba en guerra con Japón.
El gobierno planea ampliar su uso para incluir a miembros de la banda salvadoreña MS-13, según declaró Todd Lyons, director interino de Inmigración y Control de Aduanas, a los periodistas el martes durante la Expo de Seguridad Fronteriza, una feria comercial en Phoenix.
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