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Ayer, la Casa Blanca fustigó a la jueza que anuló la orden del expresidente estadounidense Donald Trump, que buscaba cancelar el programa migratorio que concede estatus legal a 530.000 venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos, conocido como ‘parole humanitario’, y anunció que apelará la decisión.
La vocera del Gobierno republicano, Karoline Leavitt, en una conferencia de prensa, se refirió a la jueza Indira Talwani, de Massachussetts, tildándola de “rebelde”.
“Otra jueza de distrito rebelde está tratando de bloquear los esfuerzos de deportación masiva del Gobierno”, indicó la portavoz, agregando que “lucharemos en los tribunales”.
Además de su campaña para deportar a los más de 11 millones de migrantes indocumentados que residen en Estados Unidos, el Gobierno Trump también decidió revocar el estatus legal a decenas de miles de personas que ingresaron al país bajo programas de migración legal impulsados por el expresidente Joe Biden (2021-2025).
Mediante el ‘parole humanitario’, las personas en Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela podían solicitar, desde sus países, un permiso para viajar a EE.UU. y obtener un permiso de trabajo.
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Trump ordenó revocar el programa el próximo 24 de abril, abriendo la puerta a la deportación de sus beneficiarios, pero la jueza, nominada por el expresidente Barack Obama (2009-2017), dictaminó que se debe respetar la fecha de vencimiento del ‘parole’, otorgado por un periodo de dos años.
El Gobierno de Biden instituyó el ‘parole humanitario’ en 2022 para venezolanos, y en 2023 lo amplió a cubanos, nicaragüenses y haitianos, en un intento de expandir las vías legales para migrar a Estados Unidos y disminuir los cruces fronterizos irregulares.
En octubre de 2024, antes de las elecciones presidenciales, la Administración Biden comunicó que no renovaría el ‘parole’, lo que implicaba que los beneficiarios no podían prolongar su estatus legal más allá de los dos años iniciales.
La jueza que lleva el caso de la deportación del migrante salvadoreño Abrego, enviado a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, a pesar de tener un estatus legal en EE.UU., criticó ayer que el Gobierno estadounidense “no ha hecho nada” para facilitar su regreso, y ordenó una investigación exhaustiva sobre sus acciones.
Así lo manifestó la magistrada Paula Xinis, del distrito de Maryland, durante una audiencia, donde señaló que en esas pesquisas sobre la actuación del Ejecutivo deberán declarar los funcionarios involucrados, según informaron medios presentes en el juzgado. “A día de hoy no se ha hecho nada”, señaló. “He solicitado informes a personas con conocimiento directo y he recibido poca información de utilidad”.
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