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El jurista comunicó que en el artículo 6, también referente a la complicidad, se añadió una pena de 10 años, con posibilidad de llegar a 15 años de reclusión.
El Poder Ejecutivo presentó este lunes ante el Senado de la República un proyecto de ley que servirá como «reforma migratoria» para endurecer las sanciones en la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
En cumplimiento de las «15 medidas» anunciadas el domingo por el presidente Luis Abinader, para «proteger la soberanía y recuperar el control migratorio del país», el consultor jurídico del Gobierno, Antoliano Peralta, entregó la propuesta al presidente del Senado, Ricardo de los Santos.
El primer mandatario hizo referencia en su discurso dirigido a la ciudadanía a una reforma migratoria, lo que fue interpretado en parte de la sociedad como una modificación a la Ley 285-04 de Migración, vigente desde hace 20 años.
Sin embargo, la pieza final presentada por la Presidencia solo contempla modificaciones a cuatro artículos de la Ley 137-03, con el objetivo de garantizar penas más severas para quienes trafiquen con extranjeros indocumentados.
Según explicó Peralta, en el artículo 2 de la normativa legal se sugiere ampliar la definición, agregando los elementos que constituyen el tráfico ilícito de migrantes, «debido a que la actual ley impide la eficiente persecución por parte del Ministerio Público».
Mientras que en el artículo 5 se agrega la tipificación de delitos por omisión. Uno de los casos mencionados por Peralta es cuando una persona sea garante de la protección de un bien jurídico o de la vigilancia de un foco de peligro, siempre que exista obligación legal de actuar de cierta manera o una estrecha relación de comunidad entre personas.
El jurista informó que en el artículo 6, que también trata sobre la complicidad, se incorporó una pena de 10 años, con posibilidad de llegar a 15 años de reclusión y la multa oscilará entre 350 y 750 salarios mínimos del sector público, junto con la suspensión de los derechos de ciudadanía.
En el artículo 7, el delito de tráfico ilegal de migrantes, si es aprobado por los legisladores, pasaría de una pena de 10 a 15 años de reclusión y una multa no menor a 150 ni mayor a 250 salarios, «al rango de 12 a 20 años de prisión y la multa de 750 a 1.500 salarios mínimos del sector público y la inhabilitación de los derechos de ciudadanía».
Además, Peralta indicó que se aumentaría el castigo para quienes usen armas, causen daño a personas mayores de edad o causen la muerte de la persona objeto del tráfico.
«Para estas y otras circunstancias similares se establecen distintas penas agravadas que pueden alcanzar hasta los 40 años de prisión y 6,000 salarios de multa», afirmó Peralta.
El presidente del Senado, De los Santos, aseguró que el documento se enviará mañana a comisión para su estudio, con el objetivo de que sea aprobado con carácter de urgencia.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, entregó el proyecto de ley al presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos.
El pasado miércoles, el senador Rafael Duluc depositó una propuesta para modificar la Ley de Migración. El presidente De los Santos informó que esperarán la pieza del Poder Ejecutivo para definir el procedimiento legislativo que se aplicará a ambas propuestas.
En el proyecto presentado el 3 de abril, el legislador Duluc busca crear un «registro biométrico obligatorio» para todos los extranjeros en el país y un Sistema Integral de Información Migratoria (SIIM), además de «mayor rigor» en los requisitos para permisos de residencia y trabajo.
Establecería también «procedimientos rápidos» para la deportación de extranjeros y un protocolo de seguridad migratoria en zonas fronterizas, aeropuertos y puertos.
Duluc también intenta obligar, a través del documento legislativo, a hoteles, empleadores y centros educativos a reportar información sobre los extranjeros.
Entre las 15 acciones presentadas por el presidente Abinader se encuentran la ampliación de la supervisión de las tres brigadas fronterizas actuales, en seis áreas operativas bajo la supervisión de un oficial superior cada una.
Prometió, además, reforzar la vigilancia fronteriza con 1,500 soldados adicionales, que se sumarán a los 9,500 que prestan servicio en las provincias fronterizas. También se incorporarán 750 agentes de Migración.
Acelerarán la construcción del muro fronterizo, comenzando de inmediato la licitación para construir 13 kilómetros adicionales a los 54 km de muro existentes.
También, modificará el reglamento de operación de los mercados binacionales, solicitará la colaboración de los gobiernos locales para ampliar la eficiencia de las repatriaciones, recomendará a la Procuraduría General de la República (PGR) establecer una Procuraduría Especializada en Asuntos Migratorios e instaurará un Observatorio Ciudadano Sobre el Funcionamiento de la Política Migratoria para supervisar el cumplimiento y proponer correctivos desde la sociedad civil.
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