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Javier Milei, el mandatario argentino, se ganó notoriedad por la imagen de la motosierra. Al principio, su intención era «cortar de raíz» al Estado argentino, su rival. Pero la motosierra se está usando contra la democracia. El 25 de febrero se designaron por decreto dos ministros para la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, lo que siembra dudas sobre la legitimidad e independencia del poder judicial en el país.
El procedimiento de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fijado por la Constitución Nacional, implica la presentación de candidatos por el Poder Ejecutivo, seguida de la aprobación del Senado, con quórum de dos tercios. Este procedimiento comprende una etapa de impugnaciones y observaciones públicas, de acuerdo al Decreto 222/03, que tenía como fin aumentar la transparencia y la participación ciudadana. La Corte, que debería contar con cinco jueces, en la actualidad solo tiene tres, por jubilaciones y renuncias.
La reciente decisión de Milei de nombrar a Lijo y García-Mansilla, mediante el Decreto 137/2025, desconoce este proceso legislativo, perjudicando la separación de poderes y la independencia de la Corte. Los nombramientos por decreto son provisionales, precarios, se realizan durante el receso del Congreso y buscan eludir la falta de respaldo político del presidente, que no tiene los votos necesarios para aprobar sus designaciones. El partido de oposición, Unión por la Patria, tiene mayoría en el Senado y puede entorpecer dichos nombramientos.
Además de dañar la credibilidad de la Corte, la acción de Milei se considera una violación a la independencia judicial y un retroceso en relación a la igualdad de género, ya que nombró solo a hombres, desatendiendo la histórica subrepresentación de las mujeres en el tribunal. Solo tres mujeres, de un total de 104 hombres, han ocupado un asiento en la Corte Suprema a lo largo de su historia. Argentina es el único país de Iberoamérica sin representación femenina en la Corte.
Las críticas se intensifican con la afirmación de que los nombramientos son inconstitucionales y podrían acarrear la nulidad de las sentencias que firmen los nuevos ministros. Más de 30 organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación por la erosión de la legitimidad y la calidad institucional del Poder Judicial, subrayando que la construcción de consensos y el respeto a la separación de poderes son esenciales para la democracia. La situación actual, marcada por una extendida desconfianza popular hacia el Poder Judicial, resalta la urgencia de volver a la legalidad en el proceso de nombramientos judiciales.
El ex ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni calificó de inconstitucionales los recientes nombramientos, anticipando graves problemas legales si estos ministros firmaran sentencias, que serían nulas de pleno derecho y constituirían usurpación de funciones. El ministro en retiro Juan Carlos Maqueda también expresó su indignación, al considerar que la decisión del presidente, tres días antes del inicio de las sesiones ordinarias, es «absolutamente lamentable». Maqueda resaltó que el contexto histórico que permitió los nombramientos por decreto en 1860, en una Argentina casi desierta, es radicalmente diferente al actual.
La situación se complica aún más por el hecho de que el nuevo ministro, García-Mansilla, había expresado previamente su oposición a los nombramientos realizados por decreto. Pese a las voces críticas, muchos simpatizantes han optado por el silencio, temerosos de ser asociados con una maniobra presidencial polémica, sobre todo en lo que respecta al nombramiento de Ariel Lijo, muy cuestionado. Observadores advierten que esta estrategia le permite al presidente Milei esperar los resultados de las elecciones legislativas de 2025, buscando fortalecer su base en el Senado para reintroducir nombramientos senatoriales. El actual presidente de la Corte, Horacio Rosatti, indicó que la propia Sala evaluará la constitucionalidad del decreto, y ya hay acciones judiciales en su contra.
El conocido de siempre
Ariel Lijo, el candidato, es un prominente juez federal reconocido por su labor en casos de corrupción. Tiene un historial controversial, con 34 denuncias disciplinarias presentadas, aunque ninguna ha resultado en una condena. Lijo, quien está relacionado con figuras políticas influyentes, defendió su candidatura en una audiencia de ocho horas en el Senado en 2024, donde enfrentó un número considerable de objeciones. Su nombramiento, sin embargo, fue ampliamente criticado, incluso por aliados de Milei, como la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.
La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina y el Colegio de Abogados de Buenos Aires han manifestado su preocupación por las implicaciones económicas del nombramiento de Lijo, quien ya ha sido cuestionado por su conducta inapropiada. Juristas y constitucionalistas también se pronunciaron en contra de las designaciones, calificándolas de irregulares y potencialmente inestables para la institucionalidad del país.
En estos momentos, la situación de Lijo sigue siendo incierta. Como su nombramiento es temporal, Lijo deberá dimitir a su cargo de juez federal, según decidió el propio Supremo Tribunal Federal en la primera semana de marzo. Aún no ha renunciado y se dice que prefiere ser aprobado por el procedimiento ordinario, con el visto bueno del Senado.
El desconocido
El reciente nombramiento de Manuel José García-Mansilla en reemplazo del juez Juan Carlos Maqueda, que cumplirá 75 años en diciembre de 2024, también ha suscitado dudas sobre la legitimidad del proceso. En marzo de 2024, el presidente Milei lo postuló a la Corte Suprema, pero García-Mansilla no consiguió las nueve firmas necesarias del comité del Senado para proceder a una votación en el plenario. Desoyendo ese requisito, Milei lo nombró en comisión mediante decreto nº 137/2025, el 25 de febrero de 2025. La Corte Suprema, al considerar que el candidato poseía las cualidades requeridas por la Constitución, lo juramentó en ceremonia privada dos días después. Un grupo de organizaciones acudió a los tribunales pidiendo su anulación.
García-Mansilla tiene una trayectoria académica, siendo Doctor en Derecho, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y Profesor de Derecho Constitucional. En el sector privado, representó al sector energético. Se le describe como ultraconservador en temas sociales y liberal en términos económicos, coincidiendo con la ideología del actual gobierno. Su postura crítica hacia los tratados de derechos humanos y su activismo contra la interrupción voluntaria del embarazo ejemplifican sus posiciones.
Históricamente, el intento de Mauricio Macri de nombrar magistrados por decreto en 2015 chocó con una fuerte oposición, lo que lo llevó a revertir la decisión. En contraste, Javier Milei ha gobernado mediante decretos polémicos y, en medio del «Criptogate», ha buscado afianzar su poder en el poder judicial, generando inquietudes sobre la erosión democrática en Argentina.
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