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La ley de Idaho, que entrará en vigencia el 1 de julio, aparenta ser la primera en restringir los beneficios de salud pública desde que el presidente Donald Trump ordenó a las agencias federales mejorar la verificación de elegibilidad.
Una nueva ley recientemente promulgada por el gobernador republicano Brad Little eliminará una variedad de prestaciones públicas para aquellos que residen en Estados Unidos de manera ilegal, incluyendo pruebas de enfermedades contagiosas, atención prenatal y posnatal para mujeres, asesoramiento en crisis y cierta asistencia alimentaria para niños.
La ley de Idaho, que comenzará a aplicarse el 1 de julio, parece ser la primera en limitar los beneficios de salud pública desde que el presidente Donald Trump ordenó a las agencias federales que mejoren la verificación de elegibilidad y se aseguren de que las prestaciones públicas no se destinen a inmigrantes que carecen de documentos para vivir legalmente en el país. Se han propuesto medidas similares en varios estados más.
Las restricciones a las prestaciones públicas son parte de un esfuerzo más amplio en los estados gobernados por republicanos para apoyar las medidas de Trump contra la inmigración ilegal. Algunos estados han negado licencias de conducir, revocado las tarifas de matrícula universitaria estatal y aumentado las penas criminales para inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos de forma ilegal. Y desde que Trump asumió el cargo, ha habido un aumento de más del triple en el número de departamentos de policía estatales y locales con acuerdos para ayudar a hacer cumplir las leyes federales de inmigración.
La ley federal generalmente ha prohibido a los inmigrantes que viven en Estados Unidos de manera ilegal recibir prestaciones financiadas por los contribuyentes a través de programas como la Seguridad Social, Medicare, Medicaid y Asistencia Temporal para Familias Necesitadas durante varias décadas. Sin embargo, existen algunas excepciones, como la atención médica de emergencia.
Los estados han tenido la flexibilidad de proporcionar algunos otros beneficios independientemente del estatus migratorio, ya sea a través de opciones federales o financiándolos únicamente con fondos estatales. Idaho está derogando algunas de esas excepciones especiales de su ley estatal.
El senador republicano Phil Hart, uno de los patrocinadores del proyecto de ley, comentó que los fondos estatales aún pueden utilizarse para servicios médicos de emergencia independientemente de la residencia legal de una persona, así como para servicios proporcionados a un bebé nacido en Estados Unidos de un padre que no está legalmente en el país. Pero señaló que alguien más tendrá que pagar por cosas como vacunaciones o atención prenatal.
“No impide que nadie acceda a ninguno de estos servicios. Lo que hace es evitar que el estado de Idaho pague por ellos”, precisó Hart durante un debate en el Senado estatal la semana pasada.
Pero los opositores sostienen que restringir la atención médica preventiva, especialmente cuando un brote de sarampión en Texas se extiende a otros estados, pondrá en riesgo la salud general de Idaho y debilitará la postura antiaborto del estado.
“Nos enorgullece mucho ser un estado provida, y comparto ese objetivo”, dijo el senador estatal republicano Jim Guthrie durante el debate. “Pero en este caso, la legislación que niega la atención prenatal puede comprometer las vidas de los no nacidos”.
Las nuevas limitaciones a las prestaciones públicas también podrían disuadir a algunos inmigrantes que están legalmente en Estados Unidos de acudir a clínicas de salud o solicitar servicios, dijo Valerie Lacarte, analista de políticas senior en el Instituto de Políticas de Migración, un grupo de expertos sin fines de lucro con sede en Washington D.C.
“El simple hecho de preguntar por el estatus migratorio tiene un efecto disuasorio en la participación de las personas”, dijo Lacarte el martes.
“Quieres que la mayor cantidad de personas posible se vacune”, comentó. Pero “si comienzas a introducir restricciones, excepciones, simplemente reduciendo quién es elegible, es bastante común ver que se genera confusión”.
Algunos proveedores de atención médica en Idaho, como Terry Reilly Health Services, aún están lidiando con cómo aplicar la nueva ley. El centro de salud comunitario en el suroeste de Idaho brinda servicios médicos, dentales y de salud mental a personas de bajos ingresos y sin seguro.
“Solo estamos tratando de determinar cómo podemos brindar mejor servicios a nuestros pacientes mientras cumplimos con la ley”, dijo Claudia Weathermon, directora de comunicaciones de Terry Reilly Health Services.
El Banco de Alimentos de Idaho, que administra dos programas de alimentos del gobierno, señaló que la mayoría de sus alimentos son donados o comprados con dinero donado, lo cual no se ve afectado por la nueva ley.
“Continuaremos sirviendo a cualquiera que exprese una necesidad de alimentos”, dijo el presidente del Banco de Alimentos de Idaho, Randy Ford.
Varios grupos industriales y religiosos se opusieron a la legislación, incluidos los Productores de Alimentos de Idaho, la Asociación de Lecheros de Idaho, la Asociación de Comercio e Industria de Idaho, la Diócesis Católica y Mujeres Mormonas por un Gobierno Ético. Sin embargo, la legislación fue respaldada por la poderosa Fundación Idaho Freedom, un grupo de expertos políticos de derecha y grupo de presión.
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