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Santo Domingo.- Conscientes de la necesidad de seguir trabajando para impulsar en el país el desarrollo de un modelo de atención de salud integral que asegure el acceso equitativo y de calidad para la población, fundamentado en la estrategia de atención primaria y un primer nivel de atención con gran capacidad de resolución, donde la salud sea un derecho con énfasis en las personas, la familia, la comunidad y su entorno, para mejorar la calidad de vida de las poblaciones.
Para alcanzar las metas de contar con un sistema de salud con las características descritas, contamos con dos leyes fundamentales que pueden ser la base de dicho proceso, como la 42-01, o Ley General de Salud y la 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Sin entrar en detalles, sabemos que dichas leyes requieren revisión para lograr, entre otras cosas, la consolidación de un sistema de salud basado en la Estrategia de Atención Primaria y Redes Integradas de Servicios de Salud con un primer nivel de atención con amplia capacidad de resolución.
Estas reformas adquieren mayor relevancia ahora, con el cambio en el perfil epidemiológico del país, el aumento de la esperanza de vida, la disminución de enfermedades infectocontagiosas y el incremento constante de la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, cuyos registros indican que el siglo XXI será el siglo de las enfermedades catastróficas, denominadas así por el elevado costo de su atención y el impacto emocional en los familiares de los pacientes.
En el país, atender a un paciente con cáncer implica un costo anual de más de cuatro millones de pesos solo en acceso a medicamentos, situación similar a la de pacientes con enfermedades autoinmunes y raras.
La industria farmacéutica, que en los últimos veinte años ha jugado un papel crucial en la innovación para la creación de nuevas moléculas que mejoran la calidad de vida de los pacientes, enfrentará en 2025 el fenómeno conocido como “el abismo de patentes”.
Más de cien medicamentos innovadores, de los 365 existentes hasta la fecha, perderán sus patentes este año. Esto podría ser una buena oportunidad para la gestión farmacéutica local si se aprovecha adecuadamente.
Este fenómeno podría permitir la fabricación de medicamentos biosimilares y bioequivalentes, tratamientos más accesibles para la población y más sostenibles para un sistema de salud como el de la República Dominicana.
La aceptación y el uso de los biosimilares están en aumento. Por ejemplo, en Europa, hasta abril de 2025, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) había aprobado 110 biosimilares.
Los biosimilares certificados corresponden a más de 25 principios activos, abarcando áreas terapéuticas importantes como oncología, enfermedades autoinmunes, diabetes y oftalmología, permitiendo su intercambiabilidad y reduciendo el costo de los medicamentos en casi un 80%. Algo similar ocurre en China, India, Sudamérica y en regiones enteras que ya han aprobado regulaciones para la intercambiabilidad y uso de biosimilares.
Esta cifra refleja el crecimiento continuo del mercado de biosimilares en Europa, impulsado por políticas regulatorias sólidas y la expiración de patentes de medicamentos biológicos innovadores.
En los Estados Unidos, país donde existía mayor resistencia al uso de biosimilares debido a múltiples demandas en los tribunales por parte de las compañías farmacéuticas, el presidente Donald Trump firmó la semana pasada una orden ejecutiva solicitando a la FDA agilizar la aprobación de medicamentos genéricos y biosimilares.
Hasta abril de 2025, la FDA ha aprobado más de 50 medicamentos biosimilares, según los registros actualizados. Estos productos cubren una amplia gama de terapias, incluyendo tratamientos para cáncer, enfermedades autoinmunes, diabetes y trastornos óseos. La lista ha crecido significativamente en los últimos años gracias a los esfuerzos regulatorios para fomentar la competencia y reducir los costos en el mercado farmacéutico.
Es cuestión de tiempo, quedar rezagados no es una opción. El gabinete de salud, liderado por la vicepresidencia de la República, puede tomar la iniciativa y formar mesas de trabajo para comenzar debates sobre temas como el registro, adquisición y promoción de la producción de medicamentos; la creación de una ley que garantice todo el proceso de gestión de medicamentos, incluyendo el uso de biosimilares, y la regulación de la intercambiabilidad, entre otros.
En esas mesas de trabajo, además de las autoridades sanitarias y de seguridad social, deben estar presentes las asociaciones de pacientes, colegios médicos, sociedades médicas especializadas, universidades, industria y comercio, compras y contrataciones, industria farmacéutica y Digemat, entre otros.
En un diálogo abierto y transparente, la discusión debe buscar garantizar la seguridad farmacológica, la sostenibilidad y el acceso universal a fármacos de calidad, sin olvidar el desarrollo de un Modelo de Atención que garantice la atención integral de la salud.
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