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Una empleada de Pronalab, empresa relacionada con el presunto comisionista Víctor de Aldama, confirmó en el Tribunal Supremo de España que entregó en República Dominicana 20.000 dólares en efectivo, en dos sobres, a Joseba García, hermano del exasesor del exministro José Luis Ábalos. Tanto ella como su superior, Javier Serrano, confirmaron ante el juez Leopoldo Puente las entregas en efectivo de dinero a Joseba García, aunque no aclararon a quiénes iban dirigidas, según informaron a EFE fuentes jurídicas. La primera en declarar este miércoles como testigo fue Aránzazu Granell, quien trabajaba como secretaria en la empresa Pronalab en República Dominicana y manifestó que entregó ese dinero porque se lo pidió Javier Serrano, que era su jefe. No conocía a Joseba, ni sabía su apellido, solo el apodo del Legionario para identificarlo. Serrano le dio su teléfono y ella le contactó.
Este testimonio fue respaldado minutos más tarde por Serrano, investigado en una rama de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional, quien dijo que solicitó a la trabajadora que entregara los 20.000 euros porque así se lo pidió Aldama.
La razón era, según las fuentes consultadas, que Víctor de Aldama, el presunto conseguidor de contratos de mascarillas en plena pandemia, se había quedado sin efectivo en España y, en la mencionada empresa de República Dominicana, sí disponían de fondos.
Granell explicó que ese dinero procedía de las clínicas de Pronalab, una empresa dedicada a hacer pruebas covid en el país y en la que se «manejaba mucho dinero», aunque dejó claro que ella «no preguntaba» a quién iba destinado, solo cumplía las órdenes de Serrano. Lo llevó en dos ocasiones en un sobre, en su bolso.
Aseguró también que hizo otras entregas a sus «jefes», quienes le decían muchas veces «que no ingresara dinero» y «que pasaban ellos a por él».
En su declaración ante el instructor, Joseba García -a quien ambos testigos identificaron como el Legionario- dijo que viajó dos veces a República Dominicana, una «por placer» y otra «aún más por placer». Reconoció que Aránzazu Granell le dio «unos papeles» para Aldama, pero negó haber recibido dinero en metálico para su hermano o para él mismo.
Lo hizo a preguntas del PP, acusación popular en la causa, que enfatizó un mensaje de la mujer a Joseba García que decía «cuando estés llegando me dices y quedamos.. Yo me lo echo al bolso».
Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Joseba García viajó en dos ocasiones a República Dominicana: una, del 31 de octubre al 4 de noviembre, y otra del 13 al 16 de diciembre de 2021. Allí, Aránzazu hizo entrega al Legionario de dos sobres con 10.000 dólares en efectivo, tras preguntar a Serrano.
El hermano de Koldo García preguntó después a Joseba que cuánto eran esos 10.000 dólares al cambio y este le respondió que 8.800 y que borrara esos mensajes. «Borra, por favor», le dijo.
La UCO entiende que se trata de pagos en efectivo realizados a Koldo García a través de Joseba, 10.000 euros mensuales.
Por otra parte, Koldo García presentó una denuncia ante la Fiscalía en la que acusa a la Guardia Civil de filtrar a la prensa datos e informaciones de su agenda personal, con nombres de terceras personas que no forman parte de ningún procedimiento judicial, lo que vulnera su intimidad.
En el escrito, al que tuvo acceso EFE, el letrado de Koldo considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de revelación de secretos, por lo que pide al Ministerio Público que investigue estos hechos para depurar las responsabilidades penales correspondientes y para que «se eviten más filtraciones de datos, vulneradoras del derecho al honor y a la intimidad».
Explica que en los últimos meses se publicaron «noticias» sobre su «supuesta agenda personal» con datos e información de terceros, que «nada tienen que ver con el procedimiento judicial», por lo que se está «menoscabando claramente» el derecho a la intimidad de estas personas, ya que las publicaciones se filtran, «evidentemente sin el consentimiento de los interesados y afectados».
Al respecto, recuerda que la Guardia Civil custodia desde hace más de un año sus dispositivos electrónicos, que fueron incautados durante el registro de su casa, y «ninguna otra parte o autoridad más ha tenido, o ha debido tener, acceso a los mismos».
«Por lo que la conclusión que me veo obligado a alcanzar respecto a cuál es la fuente de información de la que se nutren los medios de comunicación es que sea la Guardia Civil», agrega el escrito.
Considera que esta práctica, que viene «siendo habitual» en sus causas judiciales, «no puede ser admitida en ningún caso», ya que vulnera claramente su derecho a la intimidad y el de terceros.
Y, además, «supone la aparente comisión de un delito de revelación de secretos, con la agravante de autoridad o funcionario público, toda vez que se están difundiendo datos reservados de carácter personal registrados en soportes electrónicos».
Ese contenido, continúa, debería ser «reservado a los fines únicos y exclusivos de la investigación», y «no a su difusión en medios de comunicación con el único ánimo de perjudicar mi propia intimidad y honor».
Si ya es «una anomalía indeseable» que las resoluciones se filtren, «mucho más grave aún es que se publiquen datos de carácter personal incluso de quien no está siendo objeto de investigación».
La defensa de Koldo señala que «la salvaguarda de la protección de datos, así como del derecho al honor y a la intimidad, debe ser una política compartida y protegida por y para todos los ciudadanos», por lo que «se debería impedir, prohibir y castigar el uso de los datos de carácter personal con fines que responden exclusivamente a intereses partidistas y políticos».
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