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En una entrevista concedida a HOY, Erikson Henríquez, presidente de ANIMPA. Francisco Álvarez. El sector agropecuario será una de las actividades más perjudicadas si se aprueba, tal cual está planteado, el Proyecto de Modificación de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos de la República Dominicana, ya que incrementará los costos para productores y proveedores, restándoles competitividad.
Además, esto afectará a los consumidores, porque los aumentos operativos tendrán que ser trasladados a los productos.
Por esta razón, la Asociación Nacional de Importadores de Productos Agropecuarios (ANIMPA) ha hecho un llamado a la Cámara de Diputados para que convoque a todos los sectores y que esa modificación se consensúe de manera que se logre una legislación que sea justa y refleje la realidad de cada actividad económica.
En la misma entrevista para HOY, Erison Henríquez, presidente de ANIMPA, alertó que el proyecto de reforma contempla incrementos en la contribución especial de hasta un 3,750%, lo que, de ser aprobado, llevaría a la quiebra a las micro, pequeñas y medianas empresas del sector productivo nacional.
Expresó que las modificaciones propuestas podrían impactar negativamente a los proveedores de maquinaria e insumos agrícolas, a los productores y a las empresas agroindustriales, comprometiendo su competitividad y sostenibilidad económica.
Recordó que la Ley 225-20, promulgada en octubre de 2020, fue creada para asegurar la gestión eficiente de los residuos sólidos en el país, con el objetivo de promover el reciclaje, reducir los desechos mediante el coprocesamiento, avanzando hacia un modelo sostenible y de economía circular, con beneficios ambientales y generación de empleos verdes.
Aclaró que ANIMPA está de acuerdo con que la ley sea modificada, no obstante, es un proceso que debe llevarse a cabo sobre la base de un consenso en el que participen las agroempresas, el comercio, las empresas y entidades clave como el Ministerio de Medio Ambiente y el Fideicomiso Público-Privado Sostenible.
«ANIMPA resalta que la referida ley fue producto de un consenso público-privado, diseñado para fomentar la sostenibilidad, por lo que antes de implementar reformas, es fundamental garantizar la aplicación completa de las disposiciones pendientes y equilibrar las necesidades ambientales con las realidades económicas de los sectores productivos», afirmó.
Henríquez enfatizó que solicitan a la Cámara de Diputados asegurar un proceso transparente y participativo en las modificaciones a introducir e incluir a las agroempresas y otros sectores económicos esenciales para desarrollar una normativa que beneficie tanto al medio ambiente como a la economía nacional.
Reiteró el compromiso de la entidad que dirige en promover el crecimiento empresarial, la sostenibilidad ambiental y un marco regulatorio equilibrado, por lo que seguirán abogando por un diálogo abierto y constructivo en beneficio de todos los sectores productivos del país.
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