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Esta acción hará mucho más difícil que los inmigrantes afectados puedan usar bancos u otros servicios básicos donde se requieren los números del Seguro Social.
La Casa Blanca dice que «al eliminar el incentivo económico para que los extranjeros ilegales vengan y se queden, los animaremos a auto-deportarse».
Sin embargo, las personas afectadas que han sido añadidas recientemente al «Archivo Maestro de Defunciones» de la Administración del Seguro Social (SSA) están en el país legalmente. Los defensores de los inmigrantes dicen que el gobierno está cometiendo un «asesinato digital».
A continuación presentamos lo que se sabe sobre el plan del gobierno para anotar a algunos inmigrantes como muertos en los datos del Seguro Social:
Un funcionario del gobierno de Trump indicó que la SSA movió los nombres y números del Seguro Social de unos 6.300 inmigrantes a una base de datos que los funcionarios federales suelen usar para rastrear a los fallecidos, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional los identificara como extranjeros con permiso temporal de libertad en el país en la lista de vigilancia de terroristas o con antecedentes penales del FBI.
El gobierno no ha proporcionado pruebas de esta afirmación.
La SSA mantiene la base de datos federal más completa de individuos que han fallecido, conocida como el Archivo Maestro de Defunciones. Contiene más de 142 millones de registros, que se remontan a 1899.
En su última movida, la Casa Blanca ha comenzado a referirse a ella como el «Archivo Maestro de Inelegibles».
A partir del 8 de abril, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dio fin al permiso temporal de libertad en el país para todas estas personas con notificación por escrito a cada una de ellas, indicó el funcionario del gobierno de Trump, que no está autorizado para declarar públicamente y habló sobre el suceso a condición de permanecer anónimo.
Sin un número de Seguro Social, no es posible conseguir trabajo legalmente, cobrar prestaciones del Seguro Social ni recibir ciertos beneficios gubernamentales. Algunos distritos escolares podrían impedir que los niños se inscriban en la escuela si es que carecen de ese número.
Y aunque algunos bancos permiten a las personas abrir una cuenta sin un número de Seguro Social, despojar a los inmigrantes de estos números los desconectará de muchos otros servicios financieros.
Devin O’Connor, investigador del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, señaló que la medida no tiene precedentes y que nunca antes se había añadido deliberadamente a personas a las listas de difuntos cuando aún están vivas.
«El gobierno está diciendo que tiene el derecho de declarar a alguien como muerto cuando no ha fallecido… ¿dónde está la supervisión aquí?», preguntó O’Connor. «¿Y qué ocurre cuando cometen un error?».
Martin O’Malley, exadministrador del Seguro Social, le dijo a The Associated Press: «El Estado policial está aquí, ahora». La última medida del gobierno viola las normas de privacidad destinadas a proteger los datos personales de todos, afirmó.
Los expertos advierten que el ir tras los inmigrantes podría ser solo el comienzo.
O’Connor observa: «La idea de que puedes renombrar el Archivo Maestro de Defunciones y decidir que puedes poner a personas en la lista como persona non grata» es inaudita y debería preocupar a todos.
«Si pueden hacerlo con un grupo, pueden hacerlo con cualquiera, por error o por malicia», publicó el jueves Kathleen Romig, directora de política del Seguro Social y discapacidad en el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, en la red social BlueSky.
«Una persona debe ser ‘admitida legalmente’ a Estados Unidos para que se le asigne un número del Seguro Social», señaló en otra publicación.
«No dejes que el gobierno de Trump te engañe. Su política de ‘asesinato digital’ no es sobre inmigrantes indocumentados. Se trata de personas que vinieron aquí legalmente», añadió.
Esta semana, el DHS revocó el estatus legal de cientos de miles de inmigrantes que usaron la aplicación CBP One. En general se les había permitido permanecer en Estados Unidos durante dos años, con permiso para trabajar, bajo la autoridad del permiso de permanencia temporal en el país durante el gobierno del presidente Joe Biden, pero ahora se espera que se autodeporten.
Además, el DHS y el Departamento del Tesoro firmaron un acuerdo esta semana que le permitiría al Servicio Interno de Impuestos (IRS) compartir los datos fiscales de los inmigrantes con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para identificar y deportar a personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. El acuerdo le permitirá al ICE enviarle al IRS nombres y direcciones de inmigrantes que están ilegalmente en el país para verificación cruzada con los registros fiscales.
La comisionada interina del IRS, Melanie Krause, quien había estado en ese cargo desde febrero, renunció debido a ese acuerdo.
Los activistas dicen que el acuerdo de intercambio de información entre el Tesoro y el DHS viola las leyes de privacidad y disminuye la privacidad de todos los estadounidenses.
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