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La cárcel de Córdoba, bajo el asedio de los drones: «Los criminales tienen más formación y recursos que los funcionarios»
Córdoba/Los teléfonos móviles son de los objetos más deseados en prisión. Prohibidos en su interior por su capacidad de burlar los controles de comunicación establecidos por los funcionarios y por facilitar la continuidad de actividades delictivas, como la violencia de género o la coordinación con redes criminales, generan en los centros penitenciarios un peligroso mercado negro que suele acarrear graves consecuencias para el normal desarrollo del orden establecido.
La creciente sofisticación en los métodos de introducción, con la aparición de drones, con capacidad para sobrevolar las instalaciones y depositar objetos con gran precisión, incluso de noche, burlando las defensas actuales, insuficientes a todas luces, convierte la labor de los empleados penitenciarios en una guerra en la que llegan en clara desventaja. «Los criminales tienen más formación y recursos», denuncian de manera constante los sindicatos, que reclaman más medios y sanciones más duras.
Asimismo, valoran el trabajo de los funcionarios, que se esfuerzan para frenar este contrabando. Hasta el punto de que en el último año han decomisado 2.884 teléfonos móviles, dando continuidad a una preocupante tendencia: en los últimos cinco años, los dispositivos incautados fueron 12.882, lo que deja una media anual de unos 2.576 terminales. Son los alarmantes números en el total de las prisiones españolas, según los datos ofrecidos por Acaip-UGT a través de la recopilación efectuada por el Portal de Transparencia.
El sindicato, consultado por este periódico, pone negro sobre blanco la relevancia de este tipo de delito en el centro penitenciario de Alcolea, a escasos kilómetros de Córdoba, y que cuenta con 1.008 celdas en las que hay unos 1.300 reclusos, una cantidad, con todo, sensiblemente inferior a los más de 1.800 que había en 2010. En el último año fueron 132 los teléfonos móviles incautados, apenas un paso por debajo de las prisiones de Acebuche en Almería, donde se decomisaron 195, Estremera -también llamada Madrid VII- (180) y Málaga I, en Alhaurín de la Torre (161).
Mirando el balance desde 2020, la cifra se alarga hasta los 373 dispositivos, lo que evidencia la problemática por la que pasa la prisión cordobesa, ya que el último ejercicio dejó más del 35% del total. Con todo, fueron diez menos que las incautaciones de 2023, cuando se alcanzaron los 142 terminales. De esta manera, en los dos últimos ejercicios se han decomisado 274 dispositivos, casi tres cuartas partes del total en lo que va de década (73,4%), reflejando un aumento significativo con, por ejemplo, los apenas 21 de 2018. Con todo, el acumulado en Alcolea anda lejos del registrado en otros centros penitenciarios, pues el sindicato ha anotado que en Valdemoro (Madrid III), Málaga I y Almería se superaron los 700 decomisos en los últimos cinco años.
Todo en un contexto en el que las bandas organizadas implementan fórmulas para conseguir su objetivo. Por un lado, recurren a terminales cada vez más pequeños que, además, son fabricados con componentes plásticos que permiten escapar con facilidad de los detectores de metales y pueden esconderse en los lugares más insospechados. Esto, según explican desde Acaip-UGT, obliga «a realizar requisas exhaustivas que requieren formación especializada y suficiente personal, algo que hoy en día no se garantiza en todos los centros».
De hecho, hay dispositivos que tienen el tamaño de un mechero y, aunque en la calle cuestan unos 20 euros, dentro de la cárcel pueden llegar a pagarse a 300. Hay diversas formas de meterlos en el recinto penitenciario. A veces, una mujer lo introduce en su vagina y se lo entrega a un recluso en una comunicación íntima (vis a vis). La escasa cantidad de metal que tienen los teléfonos en miniatura los hace pasar desapercibidos para los sensores que hay en los arcos de seguridad de la entrada a las cárceles. Es otra alternativa a los drones que refleja la evolución para este contrabando, que antes se realizaba con la introducción en paquetes de otros productos, ya sea por familiares de los internos o por estos mismos al regreso de sus permisos.
Pero, ¿cuáles son los destinatarios de los teléfonos móviles en las prisiones? El sindicato añade que muchos de estos dispositivos móviles son utilizados por «internos especialmente peligrosos», caso de los condenados por delitos de terrorismo, violencia de género o pertenecientes a grupos criminales. «El acceso a los teléfonos les permite continuar con su actividad delictiva, además de generar conflictos internos, deudas entre presos y episodios de violencia relacionados con su control y tenencia», añaden desde Acaip-UGT.
Ante este panorama, desde el sindicato recuerdan que «es urgente una inversión decidida en tecnología moderna de seguridad», dado que «los inhibidores instalados hace años, basados en redes 3G, han quedado obsoletos ante el avance de las telecomunicaciones». «Es imprescindible dotar a los centros penitenciarios de sistemas de inhibición actualizados que impidan el uso de teléfonos móviles en su interior y eviten que drones sobrevuelen zonas restringidas», continúan.
Sobre todo porque, recuerdan, la seguridad en prisión es un prerrequisito para la aplicación efectiva de los programas de reinserción. La introducción y uso de objetos prohibidos, como los teléfonos móviles, «desestabiliza gravemente la convivencia, fomenta la violencia y socava los objetivos del sistema penitenciario». De esta forma, Acaip-UGT destaca que «la lucha contra esta amenaza debe ser una prioridad para la Administración, dotando a los trabajadores de los medios humanos y técnicos necesarios para garantizar el orden y la seguridad en los centros».
Así, reclaman «una respuesta firme, moderna y eficaz para hacer frente a esta amenaza constante», pues «la seguridad de nuestras prisiones no puede depender únicamente del esfuerzo y la vocación de los trabajadores penitenciarios», sino que también requiere de «compromiso institucional, inversión tecnológica y planificación estratégica».
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