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El Senado de la República se enfocará en la elección de los cinco miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), a partir de las cinco ternas de aspirantes (15), seleccionadas por la Cámara de Diputados. Estos regirán el rumbo de esa institución rectora de la fiscalización externa de los recursos públicos, durante los próximos cuatro años, según la Ley 18-24 (antes 10-04).
Esta institución dejó mucho que desear en los últimos dos períodos, ya que los miembros de los plenos estuvieron involucrados en grandes escándalos, conflictos internos, enfrentamientos y acusaciones que rozan lo moral y lo ético, además del gran desprestigio, cuestionamiento, descrédito y desconfianza generados por su inoperancia y la denuncia de alterar los resultados de las escasas auditorías realizadas.
Por primera vez en la historia republicana, un órgano oficial, como lo es la CCRD, (gestión 2016-2020), fue intervenido mediante el uso de la fuerza pública, por negarse a proporcionar las informaciones solicitadas por la Procuraduría General de la República (PGR), por orden de su titular, licenciada Mirian Germán Brito, en la que le fueron incautadas las computadoras y otros equipos tecnológicos.
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Lamentablemente, a esa institución ni a los miembros del pleno de la misma se les aplicó un régimen de consecuencias, tanto por la PGR, como por el Congreso Nacional.
Para la elección de los miembros de la CCRD, no siempre impera ni se aplica la transparencia y el criterio de independencia de quienes los eligen, pues no se toma en cuenta la capacidad técnica profesional, experiencia, honestidad, ética, moral y vocación de servicio que reúnen muchos de los aspirantes a formar parte de esa importante institución fiscalizadora de los recursos públicos.
La CCRD debe ser un ejemplo y un modelo a seguir en cuanto a transparencia, pulcritud y rendición de cuentas para las demás instituciones del Estado. La mayoría de las veces, para dicha elección, predominan los intereses políticos, partidarios y de grupos sociales, los cuales son colocados por encima de los nacionales.
Desgraciadamente, así como marcha el Congreso Nacional, salvo algunas excepciones de quienes lo conforman, cada vez más deficiente, desprestigiado e inoperante, así también se ha querido y se quiere conformar una CCRD que responda a sus intereses.
El Congreso Nacional ha tenido una gran responsabilidad y culpabilidad con el mal manejo de los recursos públicos y con los actos de corrupción que cometen muchos funcionarios públicos.
Primero, porque es el poder del Estado que escoge a los miembros de la CCRD, y segundo, porque forma parte del Sistema Nacional de Control y Auditoría de los recursos públicos, el cual está constituido por la CCRD (control externo), la Contraloría General de la República (control interno), el Congreso Nacional (control político) y el Control Social (la sociedad, representada por sus instituciones).
Como podemos observar, el Congreso Nacional tiene la facultad para destituir, interpelar, someter a la justicia o realizar un juicio político a los funcionarios que violen la ley, cometan actos de corrupción, realicen manejos inadecuados o desvíen los recursos públicos.
Ya existen denuncias y grandes críticas a la Comisión de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados, por la forma en que se llevó a cabo la selección de las ternas de los aspirantes a formar parte del pleno de la nueva CCRD, por lo que se continúa haciendo más de lo mismo, cometiendo y aplicando las acostumbradas irregularidades en dicha selección.
No nos sorprendamos si con esta elección se produce otra crisis institucional, pues «de aquellos polvos vienen estos lodos». Que Dios nos asista.
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