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Trump incluye a inmigrantes en la lista de fallecidos

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La nueva directriz se sustenta en dos memorandos internos firmados el lunes pasado, que facultan al Seguro Social a registrar como fallecidos a migrantes por motivos de "seguridad nacional".

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Washington. Más de 6.000 migrantes, en su mayoría de Latinoamérica, fueron ingresados por la Administración de Donald Trump en la base de datos de difuntos en Estados Unidos, lo que les impide trabajar legalmente o acceder a beneficios sociales, según informó el periódico The Washington Post.

La controvertida medida fue impulsada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, con la meta de disuadir a los migrantes sin documentos y forzarlos a salir del país, según reveló un funcionario de la Casa Blanca al medio estadounidense.

La nueva directriz se sustenta en dos memorandos internos firmados el lunes pasado, que facultan al Seguro Social a registrar como fallecidos a migrantes por motivos de «seguridad nacional».

Las personas afectadas incluyen tanto a migrantes con estatus migratorio caducado como a aquellos acogidos a programas establecidos durante la administración de Joe Biden (2021-2025), los cuales han expirado con el gobierno actual.

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Algunas de estas personas, según las fuentes citadas por The Washington Post, están en la lista de vigilancia antiterrorista del FBI. Adicionalmente, el Gobierno estadounidense planea extender esta política a un grupo de 92.000 migrantes con antecedentes penales.

«El presidente Trump prometió deportaciones masivas y, al eliminar el incentivo económico para que los inmigrantes indocumentados vengan y se queden, los impulsaremos a la autodeportación», declaró la portavoz de la Casa Blanca, Elizabeth Huston.

Sin embargo, esta estrategia ha generado fuertes críticas. Funcionarios del propio Seguro Social han manifestado dudas sobre la legalidad de la medida, argumentando que registrar como fallecidas a personas vivas viola las leyes de privacidad vigentes en el país.

La ofensiva migratoria de la actual administración también considera la revocación de permisos emitidos durante el gobierno anterior, una aplicación móvil para solicitar deportaciones voluntarias y el envío de personas señaladas por presunta conexión con el crimen organizado a cárceles de máxima seguridad, como la ubicada en El Salvador.

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