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Nueva York, Estados Unidos.- Un Tribunal Federal neoyorquino otorgó al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, una nueva prórroga hasta septiembre para presentar los documentos que respalden su apelación contra la sentencia que se le dictó el año pasado por delitos de narcotráfico.
Esta extensión, por un lapso de 60 días, fue autorizada a través de un escrito con fecha del 23 de mayo, del cual este medio posee copia.
Se trata de la segunda ampliación que se le concede y vencerá el 19 de septiembre. La prórroga fue aprobada por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, a solicitud de los abogados del exfuncionario, quienes argumentaron haber tenido serias dificultades para preparar su defensa.
MILENIO reveló el 16 de mayo que la abogada Valerie A. Gotlib, miembro del equipo de defensa, presentó una moción en la que explicó que no han logrado comunicarse con su cliente desde enero, lo que les ha dificultado preparar el caso adecuadamente.
Gotlib indicó que han intentado, al menos en 12 ocasiones, entablar conversaciones telefónicas con García Luna, quien está recluido en la Penitenciaría Lee, en el estado de Virginia. Sin embargo, las autoridades de ese centro han bloqueado todos esos intentos de comunicación.
“He representado a varios clientes encarcelados en la apelación de sus sentencias ante este Tribunal, pero jamás antes había experimentado la imposibilidad de comunicarme como la que estamos viviendo actualmente con el señor García Luna”, declaró Gotlib en el escrito presentado.
García Luna fue sentenciado en noviembre del año anterior a 38 años de prisión, luego de ser hallado culpable de cargos de narcotráfico por las facilidades que habría dado al Cártel de Sinaloa para operar el tráfico de estupefacientes hacia los Estados Unidos.
La defensa del exsecretario sostiene que tanto el juicio como la sanción impuesta por el juez Brian Cogan deben ser anulados, ya que se basaron en pruebas que consideran arteramente incorrectas o falsas, y en testimonios que, aseguran, pueden ser desmentidos fácilmente por varios documentos.
Es importante destacar que este proceso es totalmente diferente al que se inició contra el exfuncionario y su esposa, Cristina Pereyra, en una Corte Civil de Florida, por una denuncia presentada por el gobierno de México a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, y por el cual ayer fueron condenados a pagar cerca de dos mil 500 millones de dólares.
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