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La Junta de Coordinación Política (Jucopo), liderada por el panista Alfredo Chávez en el Congreso del Estado, deberá abordar esta semana la resolución del estancamiento en la elección de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Después del revés sufrido por el bloque mayoritario y la aspirante Georgina Bujanda, al no conseguir los 22 votos necesarios para la mayoría calificada, el siguiente paso es presentar nuevamente una terna. Esta terna se originará de la misma lista de 25 aspirantes que cumplieron con los requisitos de elegibilidad.
La legislación establece claramente que se debe recurrir a la misma lista, con la condición de que al menos dos nombres no hayan sido incluidos en la terna fallida. Indica “al menos”, lo que permite que los tres nombres sean nuevos. Aunque, ciertamente, abre la posibilidad de que uno repita.
Posteriormente, si alguno de los tres nombres de la terna no logra el consenso de la mayoría calificada, la ley no ofrece más directrices. No establece otra salida, por lo que la única posibilidad sería convocar a una nueva elección.
Por supuesto, existe la posibilidad de que la Jucopo decida no realizar una nueva convocatoria y mantener al actual encargado de despacho, Alejandro Carrasco, en el cargo. Esto parece no disgustar al bloque PRIAN, que se muestra conforme con el interino. Podría decirse que Carrasco es su Plan B, evidenciado por la sobrevaloración en sus calificaciones que lo ubicaron en el segundo lugar de la lista. No lo incluyeron en la primera terna, quizás para reservarlo para una segunda.
Sin embargo, Carrasco también fue descalificado por Morena, precisamente por el tema de las calificaciones manipuladas. Asimismo, los morenistas insisten en que la CEDH debe ser presidida por una mujer, después de siete gestiones dirigidas, todas, por hombres.
El Grupo Parlamentario de Morena no permanecerá inactivo si la Jucopo intenta evitar una resolución, ni tampoco si Carrasco es la apuesta en la segunda terna, que, conforme a la ley, debe ser presentada. Nunca le otorgarían los 22 votos.
En esos escenarios, parece que la única salida es un acuerdo político en la Jucopo, con un nuevo perfil que genere el consenso legalmente requerido para la designación en el Pleno del Congreso del Estado.
Entre los grupos vecinales y diversos actores que siguen el proceso del Presupuesto Participativo, el proyecto 833 ha generado controversia.
Los promotores están involucrados en el negocio del transporte mediante plataformas como Uber y Didi. El número 833, denominado “Viajemos Seguros”, busca equipar 500 vehículos con GPS, botones de pánico y cámaras conectadas al CERI, para crear una red digital de monitoreo.
La protección para conductores y usuarios de aplicaciones suena bien, especialmente considerando el historial de víctimas de violencia cuyos incidentes, además de afectar a las familias y la comunidad, frecuentemente quedan impunes.
Sin embargo, las críticas al proyecto señalan que la inversión municipal se destinaría directamente a un bien privado, no público, en este caso, los vehículos de las plataformas, además, para impulsar un negocio, también de carácter privado.
Por el momento, Mirone supo que quienes realizan contraloría social y promueven la participación Ciudadana desde la Asociación Civil Plan Estratégico de Juárez, presentarán las observaciones y cuestionamientos sobre este proyecto en la sesión del próximo jueves de la Comisión de Participación Ciudadana, coordinada por el regidor panista Alejandro Jiménez.
En general, existe mucha inquietud en este proceso electoral, dado que varios actores políticos o funcionarios públicos están actuando como “padrinos” o “madrinas” de ciertos proyectos.
Resulta interesante, ya que de alguna forma se fomenta la participación, pero algunos consideran que esta situación crea un campo desigual en la elección, sobre todo cuando el patrocinio proviene de los propios funcionarios municipales, quienes se ven envueltos en un conflicto de intereses.
El Consejo Nacional de Morena está compuesto por 364 miembros, de los cuales 200 son elegidos en el Congreso Nacional Ordinario y 100 son los 32 presidentes, secretarios generales y secretarios de Organización de los Comités Estatales, así como el presidente, secretario General y secretario de Organización del CEN de Morena. Los restantes 64 integrantes son gobernadoras, gobernadores, dirigentes nacionales y otros referentes eméritos.
Todos asistieron ayer a la sesión celebrada en Ciudad de México, donde se leyó la carta de la presidenta Claudia Sheinbaum en la que solicitó reglas claras para prevenir el adelanto de quienes aspiran a cargos de elección popular en 2027, especialmente en lo referente a las gubernaturas en juego en 16 estados.
Es importante recordar que el tema fue propuesto por la presidenta, a raíz de la polémica generada por la presunta campaña anticipada de Andrea Chávez en Chihuahua, quien también fue acusada de recibir financiamiento ilegal para desplegar sus unidades médicas.
Además, el Consejo aprobó que Morena, desde ahora y con miras a 2027, desterrará el nepotismo en las candidaturas, después de que los legisladores establecieron la prohibición expresa de heredar candidaturas a familiares hasta 2030.
La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, fue la encargada de resumir, después del consejo, los lineamientos que también buscan que los gobernantes morenistas se comprometan a la austeridad republicana y erradiquen la colusión con la delincuencia organizada y de cuello blanco.
“Que se respeten los plazos de los procesos internos y electorales, que las campañas se hagan a pie de calle, casa por casa, convenciendo al pueblo, y no con derroche de recursos económicos en espectaculares”, expresó Alcalde sobre la esencia de lo solicitado por Sheinbaum.
A partir de ahí, se definieron cinco lineamientos relacionados con la austeridad republicana y la vocación de servicio, abordando la sobriedad, la humildad y la honestidad.
Se establecieron conductas contrarias a estos principios, como el uso indebido de recursos públicos, el alquiler de aviones privados, de vehículos blindados, el turismo político injustificado, la ostentación de joyas, ropa de marca, autos, restaurantes de lujo, la prepotencia o humillación, y la realización de eventos ostentosos, ya sean públicos o privados.
Por ello, diversas figuras morenistas de Chihuahua estuvieron presentes, como la senadora Andrea Chávez. Asimismo, el senador Juan Carlos Loera, la dirigente estatal Brighite Granados de la Rosa y el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Chihuahua, Benjamín Carrera.
“Solicitamos ser escuchados, que se reconozca el sufrimiento que hemos padecido y que se actúe con responsabilidad para garantizar nuestros derechos; no queremos seguir viviendo en el olvido ni en la incertidumbre”, expresaron ayer los participantes en el Encuentro Estatal de Personas Desplazadas por la Violencia.
Los integrantes de diversas comunidades indígenas víctimas de desplazamiento forzado estuvieron en la Plaza Hidalgo y se manifestaron frente a la Torre Legislativa, luchando por visibilizar un problema que durante varios años no ha recibido la atención adecuada de ninguna autoridad, independientemente del nivel de Gobierno.
“Anhelamos reconstruir nuestras vidas, con seguridad, dignidad y paz. Es momento de que las autoridades cumplan con su deber y respondan con hechos, para que nuestras comunidades puedan sanar y florecer de nuevo”, insistieron los participantes en el encuentro, que se extendió por dos días en la ciudad de Chihuahua.
Es verdaderamente trágico lo sucedido a las familias de La Sierrita, El Vergel y Coloradas de la Virgen, en Guadalupe y Calvo; en El Manzano, municipio de Uruachi o Monterde en Guazapares. Similarmente, en comunidades de Parral y Balleza.
Algunas fueron desplazadas hace más de 15 años, debido a la disputa violenta entre grupos armados que toman el control del territorio, convirtiéndolos en víctimas de diferentes tipos de violencia.
Los desplazados han sufrido el asesinato de familiares y vecinos, el reclutamiento forzado de jóvenes, golpizas, amenazas, violaciones, quema de viviendas, criminalización, burlas y despojo de tierras, además de desapariciones.
El resultado es que no han hallado justicia ni pueden recuperar sus vidas. Ahora exigen a las autoridades que garanticen condiciones de seguridad para todas las familias y que se investigue, detenga y procese a los responsables de toda la violencia sufrida.
Solicitan un retorno seguro, y si esto no es factible, que se les reubique en una vivienda o terreno donde puedan cultivar, con suficiente espacio, y donde puedan vivir conforme a sus costumbres.
Mientras tanto, exigieron una mesa de trabajo con el Gobierno en un plazo máximo de 15 días. Es hora de que se escuchen y atiendan sus demandas.
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