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Tucson, Arizona. – En una sesión del Comité de Seguridad Nacional del Senado, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, desató críticas al ofrecer una definición equivocada sobre el principio constitucional de habeas corpus. Preguntada por la senadora demócrata de New Hampshire, Maggie Hassan, Noem declaró que el habeas corpus era “un derecho constitucional que tiene el presidente para sacar gente de este país”. Hassan corrigió la respuesta de inmediato, explicando que el habeas corpus protege a las personas detenidas, dándoles la oportunidad de cuestionar la legalidad de su detención ante un tribunal.
El habeas corpus es una de las garantías más importantes establecidas por la Constitución de Estados Unidos. Su objetivo es proteger a cualquier persona privada de libertad ante detenciones arbitrarias, asegurando una revisión judicial de la legalidad de esa privación. La Constitución solo permite su suspensión en casos excepcionales, como rebelión o invasión, cuando sea necesario para la seguridad pública. Esta protección se considera fundamental en el estado de derecho estadounidense y un derecho humano básico en las democracias modernas.
La afirmación de Noem fue catalogada por los medios y expertos legales como “peligrosamente ignorante”, lo que generó inquietud sobre su entendimiento del sistema constitucional estadounidense. Varios especialistas advirtieron que permitir a un presidente suspender esta garantía basándose en una interpretación unilateral del término “invasión” causaría un grave desequilibrio entre los poderes Ejecutivo y Judicial. Esa preocupación fue subrayada por el abogado de inmigración Héctor Quiroga, consultado por Conecta Arizona, quien argumentó que eliminar esta herramienta legal dejaría a miles de personas detenidas sin protección constitucional. “Si un presidente puede declarar una invasión y suspender el habeas corpus, se rompe el equilibrio democrático en Estados Unidos”, alertó.
Quiroga explicó que el habeas corpus permite llevar casos directamente a una corte federal, por encima del Departamento de Seguridad Nacional y de ICE, para cuestionar detenciones prolongadas sin justificación legal. “Este derecho ha sido vital especialmente en casos de inmigración, donde muchas personas han permanecido detenidas por largos periodos sin poder impugnar su arresto”, señaló. También denunció que las decisiones migratorias basadas en prejuicios raciales, lingüísticos o de origen se intensifican cuando no existen mecanismos de control judicial. “Si se elimina esta herramienta, los inmigrantes quedan en un limbo legal, sin defensa, sin justicia, y eso es inaceptable en una democracia”, concluyó.
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