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Quito, 9 de mayo (EFE).- La Embajada de Estados Unidos en Ecuador expresó “sus más sentidas condolencias” a las familias de los once militares que perdieron la vida este viernes en un enfrentamiento armado contra presuntos miembros de los Comandos de la Frontera, un grupo disidente de las FARC, la guerrilla desmovilizada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
El ataque ocurrió durante un operativo militar contra la minería ilegal de oro en la cuenca alta del río Punino, un lugar situado entre las provincias amazónicas de Napo y Orellana, donde esta actividad ilícita, controlada por bandas del crimen organizado, ha crecido en los últimos años.
Un grupo de militares que participaban en la operación fue emboscado y atacado con explosivos, granadas y fusiles, en una acción en la que también falleció un miembro del grupo armado, según informó el Ejército ecuatoriano en un comunicado.
Los militares caídos son los tenientes José Luis Iza y Jorge Andrade; el sargento segundo Héctor Mullo; el cabo primero Walter Andrango; los cabos segundos Diego Lomas, Víctor Vera, Anthony González, Danilo Caiza, Jefferson Alvarado y Georvi Vega; además del soldado Marlon Guamushig.
“Nos solidarizamos con el pueblo ecuatoriano en este momento de duelo y respaldamos a Ecuador en la lucha conjunta contra el crimen organizado. Que estos valientes soldados ecuatorianos descansen en paz”, manifestó la Embajada estadounidense en Quito en un mensaje en redes sociales.
Por su parte, el Ministerio de Gobierno de Ecuador manifestó en un comunicado su pesar y consternación por la pérdida de estos once militares y advirtió que “el Estado ecuatoriano no tolerará que grupos vinculados al ‘narcoterrorismo’ y la minería ilegal sigan atentando contra la institucionalidad y la paz ciudadana”.
El Ejecutivo ecuatoriano reiteró que “el sacrificio de estos valientes soldados no será en vano, su legado impulsa a redoblar esfuerzos”.
Otras instituciones estatales también se han unido a las muestras de dolor por este atentado que ocurre en el contexto del estado de ‘conflicto armado interno’ decretado en el país desde 2024 contra el crimen organizado por el presidente, Daniel Noboa, para contrarrestar la escalada de violencia que ha situado al país a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios.
Para ello, ha dictado una serie de sucesivos estados de excepción donde ha movilizado a las Fuerzas Armadas para participar con la Policía en operaciones conjuntas contra las estructuras criminales y para que tomen el control de las cárceles, unos de los epicentros de la crisis al estar dominadas por estos grupos, catalogados como terroristas por el Gobierno.
En los últimos años, estas bandas criminales dedicadas tradicionalmente al narcotráfico también han incursionado en otros negocios ilícitos como la extracción ilegal de oro, una actividad muy lucrativa, dado los máximos históricos que registra actualmente el precio de este metal. EFE
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