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CIUDAD DE MÉXICO. — El Consejo Nacional de Laicos, en su documento sobre Ciudadanía Católica y Análisis Social, resalta el tema de la “Violencia e impunidad”, nuevos y terribles episodios de la tormenta criminal en México.
En su análisis, publicado este lunes, destaca un fragmento del mensaje que ofreció el papa León XIV en su encuentro con periodistas el pasado 12 de mayo: “Vivimos tiempos difíciles para navegar y relatar. Son un desafío para todos nosotros, pero no debemos huir de él. Al contrario, exigen que cada uno de nosotros, en nuestros diferentes roles y servicios, nunca ceda ante la mediocridad. La Iglesia debe afrontar los desafíos que le plantean los tiempos”.
Al mismo tiempo, Ciudadanía Católica y Análisis Social plantea tres interrogantes:
¿Cuándo podremos salir de esta espiral de violencia?
¿Qué debe ocurrir para que la ciudadanía mexicana exija resultados al gobierno actual?
La impunidad se puede combatir. ¿Quién, cuándo y cómo podrá detener esta inercia?
De acuerdo con el documento, “La violencia en México sigue en aumento y es, sin duda, la mayor preocupación social, por el hecho de que el terror que produce invade cada vez más territorios y sectores sociales y económicos del país, cuyas poblaciones son altamente afectadas”.
Menciona los casos de “Sinaloa, Tabasco, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, Zacatecas” y los considera “expresión de una crisis de seguridad que tiene una relación directa con la falta de impartición de justicia para que, criminales y feroces asesinos, sigan actuando libres puesto que la impunidad es su principal estimulo o incentivo”.
Presenta como ejemplo el asesinato, visto en vivo por todo el país a través de las redes sociales, de la joven Valeria Márquez en Zapopan, Jalisco.
Así como el asesinato de Yesenia Lara Gutiérrez, candidata de Morena a la presidencia municipal de Texistepec, Veracruz.
También señala que, durante los primeros diez días de mayo, se registraron violentos enfrentamientos entre miembros del Cártel de Sinaloa (“La Chapiza” vs. “La Mayiza”), confrontación que en los últimos siete meses ha generado más de mil homicidios en aquella entidad.
El documento recuerda que en Sinaloa hay desplazamiento forzado de familias, cierre de negocios y escuelas, así como el abandono de empleos por parte de trabajadores, tanto de la ciudad como del campo, según aseguran empleadores y empresarios de todo el estado.
En ese contexto de violencia en Sinaloa, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano abatieron a una familia que no se percató de sus señales, y como resultado murieron acribilladas dos niñas de entre siete y once años de edad, además de otras personas.
Tabasco y Veracruz son otras muestras de la violencia que no cede.
En Tabasco, el número de homicidios es similar al de Sinaloa en el mismo periodo de octubre 2024 a mayo 2025, y las desapariciones se incrementaron notablemente hasta 306 personas en dicho periodo. También han ocurrido bloqueos carreteros, desplazamientos e incendios de viviendas, negocios y vehículos.
El 8 de mayo, el secretario de gobierno de Tabasco, Ramiro López Obrador, llamó “buitres” a los integrantes de la prensa al cuestionarlo sobre las acciones del gobierno contra criminales y delincuentes.
Los cuestionamientos se referían a los reporteros por los 10 ejecutados del miércoles anterior.
En el caso de Veracruz, el proceso electoral local ha sido una pesadilla. El 14 de mayo, la prensa reportó: “En lo que va del año se han reportado al menos 15 ejecuciones de políticos, funcionarios y candidatos en la entidad que ha sido gobernada por los morenistas Cuitláhuac García, y ahora por Rocío Nahle”.
El documento agrega que, “La gravedad y crudeza de la violencia en México tiene un hilo conductor,… nexos y relaciones de los intereses de políticos con el crimen organizado”.
Y, entre las causas señala:
El incremento de la demanda de drogas en los países desarrollados, especialmente de los Estados Unidos y Europa. Sin dejar de considerar que también se ha incrementado el consumo en Sudamérica y México.
La protección que varios países han otorgado a los grupos criminales, particularmente países como Cuba, Colombia, Venezuela, Bolivia y México.
El caso mexicano destaca, pues es el único país en que la política contra los criminales fue oficialmente amable y protectora con la expresión de “abrazos, no balazos” y una presunta “protección de los Derechos Humanos de los narcotraficantes” porque “también son pueblo”.
El fenómeno de la asociación de políticos con el crimen organizado ha llegado al más alto nivel (El Mayo Zambada y Sergio Carmona en Palacio Nacional).
Esta asociación entre los políticos de alto nivel y los capos del narco nunca había estado tan diseminada y diversificada, y sobran ejemplos.
El primero es el señalamiento constante y recurrente, en prensa y otros medios, de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador fue financiado por el Cártel de Sinaloa en sus tres campañas presidenciales.
Medios de prensa, de forma reiterada, han señalado al líder del partido MORENA, Mario Delgado, como receptor y administrador de recursos del narcotráfico y otras fuentes ilegales para las campañas de su partido.
Gran parte de la información original proviene de diarios norteamericanos como el Washington Post y The New York Times, aunque hay algunas agencias de periodismo de investigación en México que también aportan datos.
La asociación de políticos y narcotraficantes tiene ya un nivel de relevancia geopolítica significativo, ya que los dos gobiernos de la supuesta Cuarta Transformación han forjado y tejido alianzas con gobiernos líderes del Socialismo del Siglo XXI, que le han abierto las puertas a Rusia y China en América Latina.
Esto último es de particular relevancia pues políticos norteamericanos, como el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, se han propuesto, junto con Donald Trump y su guerra comercial contra China, liquidar, cuando menos, a las dictaduras de Cuba y Venezuela.
Tanto Vance como Rubio, aspiran a ser sucesores de Donald Trump, y la liquidación de Cuba y Venezuela sería su mejor carta.
La tormenta que significa la convergencia de todos estos factores y sucesos se cierne sobre México con singular violencia, y no se sabe aún cuándo tendrán su impacto más fuerte, sobre todo si el gobierno de Estados Unidos da continuidad a su política de aranceles y de establecer un nuevo Tratado Comercial con México en 2026, tal vez muy distinto al que hoy tenemos, en caso de que no se acepten nuevas exigencias.
El documento también señala que, “la política de Claudia Sheinbaum, en materia de seguridad, ha roto con su antecesor y ha creado las condiciones para que muchos narco políticos mexicanos estén bajo la mira estratégica de los intereses norteamericanos”.
Y agrega, “los acuerdos, apoyos y compromisos de los carteles de la droga con personajes del actual régimen político en México han entrado en crisis”, por lo que asegura, “ese es el origen de la cruda y cruel violencia que viven en estos momentos los mexicanos”.
“Y todavía falta ver los efectos que tendrán los acuerdos entre los capos mexicanos y las autoridades de los Estados Unidos”, también señala el análisis.
Y finaliza con una pregunta: “Ante la inercia, el horror y el terror que huele a ríos de sangre humana en casi todo el territorio nacional: la Ciudadanía, la Oposición Política, los Empresarios, los Académicos, la Sociedad Civil Organizada, los Jóvenes y la Iglesia Católica Institucional, ¿dónde están?”.
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