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La presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), Annerys Mélendez, calificó de “desplanificada” la estrategia de las autoridades para deportar a los haitianos.
Los sectores industriales y empresariales han comenzado a expresar su preocupación por la política migratoria del gobierno de Luis Abinader, que desde octubre del año pasado tiene como objetivo la deportación de 10,000 inmigrantes indocumentados cada semana.
La masiva ola de “interdicciones” realizada por la Dirección General de Migración (DGM) en el país impacta, precisamente, en los haitianos en el territorio nacional, quienes siguen cruzando la frontera para escapar de la crisis sociopolítica en su país.
Sin embargo, estas acciones, que el Poder Ejecutivo no pretende flexibilizar, generan inquietud en los actores productivos dominicanos, ya que los ciudadanos del país vecino realizan labores significativas, vinculadas al desarrollo económico nacional.
Por esta razón, el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Brache, consideró el viernes pasado que el proceso más adecuado es la regularización de los trabajadores indocumentados.
“Sí, el tema de la mano de obra en la construcción, en la agroindustria, para cosechar las frutas y vegetales del campo… se ha visto afectado en algunas áreas”, dijo Brache, quien representa a más de 200 industrias.
Brache emitió estas declaraciones al participar en un acto encabezado por el presidente Abinader, donde también sugirió implementar un permiso de trabajo, similar al utilizado por México y Estados Unidos en su línea fronteriza.
Aunque es la más reciente, el 9 de febrero la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) solicitó al gobierno regularizar al menos 87,000 empleados haitianos, que no han podido legalizarse debido a la falta de emisión de permisos.
Además, la presidenta del colectivo, Annerys Mélendez, calificó de “desplanificada” la estrategia de las autoridades para deportar a los haitianos, según publicaciones en medios oficiales. Alegando que no permitieron el tiempo necesario para que los obreros completaran los trámites de legalización.
Mélendez aseguró que las empresas de construcción, que generan 435,000 empleos, cumplen con lo establecido en el Código de Trabajo, Ley 16-92, donde se establece que al menos el 80% “del número total de trabajadores de una empresa debe estar integrado por dominicanos”.
Aunque este es el principal debate, algunos activistas políticos opositores han denunciado en los últimos años impactos negativos ocasionados por el éxodo masivo de haitianos, afirmando que, según alegan, ocupan de manera mayoritaria los centros hospitalarios y complejos educativos públicos, sin contribuir al fisco nacional.
El vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, ha indicado que la “política migratoria (del gobierno) es clara”, “reducir la presencia de inmigrantes indocumentados, asegurar la frontera y hacer cumplir la ley. Nuestra política no incluye ningún plan de regularización”, expresó el portavoz en su red social X.
A esto se suman las 15 medidas anunciadas el 6 de abril por el presidente, que buscan ampliar y reforzar la capacidad de supervisión en las provincias fronterizas, así como intensificar las labores de detención migratoria en el interior del país.
Según Migración, solo este año, 114,884 haitianos han sido entregados a las autoridades de su país. Estos suman un total de 1,177,818 haitianos retornados.
Durante el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, en 2014, durante el gobierno del expresidente Danilo Medina, 206,073 personas del país vecino solicitaron regularizar su estatus en República Dominicana. Esta cifra forma parte de los registros de la DGM.
Tras su implementación, el gobernante invitó a los expresidentes de la República, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, a una reunión de “alto nivel” para abordar la problemática migratoria que afecta al pueblo dominicano.
El expresidente Medina dijo estar dispuesto a recibir al mandatario en la Casa Presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), mientras que el exgobernante Fernández considera que el lugar ideal sería el Consejo Económico y Social (CES), creado en 2010 durante la reforma constitucional de su mandato. Hasta el momento, la Presidencia no ha reaccionado a las respuestas de los líderes políticos.
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