El gobernador Landry reacciona con decreto tras la evasión de reos peligrosos en Nueva Orleans

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BATON ROUGE, LA – Tras la fuga de cinco reclusos considerados peligrosos del Centro Correccional de la Parroquia de Orleans (OPCF), el gobernador Jeff Landry emitió una orden ejecutiva de emergencia, movilizando múltiples agencias estatales para controlar la crisis e impedir que algo parecido se repita.

“Nuestro sistema de justicia penal es como un trípode: si una pata falla, todo el sistema se viene abajo”, declaró el gobernador Landry. En sus palabras, responsabilizó a las autoridades locales de haber “entregado voluntariamente las llaves de la cárcel” a líderes empeñados en mantener a los criminales fuera de prisión. “Desafortunadamente, funcionó. Pero el estado no se quedará de brazos cruzados”.

Medidas inmediatas ordenadas por el gobernador:

El Inspector General del estado supervisará auditorías de los expedientes en OPCF. El Departamento de Correcciones (DOC) revisará las operaciones de la cárcel para verificar el cumplimiento de los estándares. Todos los reclusos estatales alojados en la cárcel de Orleans serán reubicados en instalaciones administradas directamente por el estado. Se solicita a la Corte Suprema de Luisiana que continúe revisando al Tribunal Penal de Orleans. La Comisión Judicial deberá evaluar el desempeño de jueces en parroquias con alta criminalidad. Secretarios judiciales deberán documentar cada solicitud de prórroga, y se urge a los jueces a reducir demoras innecesarias. La Comisión Metropolitana del Crimen deberá crear un sistema de seguimiento de casos, desde el arresto hasta la sentencia. El Fiscal General del estado liderará la investigación de la fuga, con cooperación total de agencias estatales.

La orden ejecutiva se publica en medio de una creciente presión pública y de preocupaciones sobre la eficacia del sistema de justicia en Nueva Orleans, una ciudad que ha sido escenario de debates sobre criminalidad y reformas carcelarias.

Landry enfatizó que su administración no tolerará errores ni complicidad cuando se trata de la seguridad pública. “Los habitantes de Luisiana merecen transparencia, rendición de cuentas y un sistema de justicia firme en su compromiso con la seguridad”, concluyó.