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El líder de la derecha y extrema derecha brasileña, inhabilitado para las elecciones de 2026, se enfrenta a condenas de unos 40 años de cárcel por supuestamente haber intentado tramar su continuidad en el poder.
La corte suprema de Brasil empezó a escuchar este lunes testimonios clave en el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de intento de golpe contra Lula, una etapa crucial de un proceso que podría llevar al ultraderechista a prisión.
El líder de la derecha y extrema derecha brasileña, inhabilitado para las elecciones de 2026, se expone a penas de unos 40 años de prisión por presuntamente haber intentado asegurar su permanencia en el poder pese a su derrota frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en octubre de 2022.
La Fiscalía lo acusó en febrero, entre otros delitos, de tentativa de golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de derecho.
Para respaldar o rebatir esas acusaciones, más de 80 personas, entre ellas altos cargos de las fuerzas armadas, exministros, policías y funcionarios de inteligencia, fueron citadas a declarar por videoconferencia en sesiones previstas a lo largo de dos semanas.
El juez Alexandre de Moraes abrió la sesión en el Supremo Tribunal Federal en Brasilia. Bolsonaro, vestido con una camiseta amarilla, el color de la selección de Brasil, estuvo presente de forma remota, al igual que la fiscalía y los abogados de los acusados, constató un periodista de la AFP.
Bolsonaro, de 70 años, se declara inocente y víctima de una “persecución”.
Las acusaciones “parecen el guion de una telenovela”, dijo el excapitán del Ejército la semana pasada al portal Uol.
Bolsonaro será juzgado junto a otros siete excolaboradores, incluyendo cuatro exministros y los exjefes de la Marina y de la agencia brasileña de inteligencia.
Varios mandatarios brasileños han sido juzgados desde el fin de la última dictadura militar (1964-1985), pero Bolsonaro, un nostálgico de ese período, es el primero señalado por una tentativa golpista.
Según el informe de más de 800 páginas de la policía federal, el expresidente lideró una “organización criminal” que buscó impedir la investidura de Lula tras las elecciones de 2022.
El plan golpista contemplaba, según la fiscalía, medidas como la elaboración de un decreto para justificar un “estado de defensa” e incluso el asesinato de Lula y del juez Moraes, considerado un enemigo político del bolsonarismo.
El complot no se habría concretado por falta de apoyo de altos mandos del ejército.
La investigación también vincula a Bolsonaro con los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando sus seguidores asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia mientras pedían una intervención militar contra Lula.
Entre los primeros en declarar este lunes figura Marco Antonio Freire Gomes, comandante del ejército durante el gobierno de Bolsonaro (2019-2022).
Tanto Freire Gomes como Carlos de Almeida Baptista Júnior, entonces comandante de la fuerza aérea, admitieron en su testimonio a la policía haber participado en reuniones en las que Bolsonaro “presentó su hipótesis de utilización de instrumentos jurídicos” para refutar el resultado electoral y justificar una intervención castrense.
Según Baptista Júnior, que aportará su testimonio el miércoles, Freire Gomes llegó a amenazar a Bolsonaro con arrestarlo si llevaba adelante esos planes.
Durante estas audiencias, “se podrán identificar y explorar eventuales contradicciones, dentro de un mismo testimonio o entre testimonios”, explicó a la AFP Rogerio Taffarello, experto en derecho penal de la Fundación Getulio Vargas.
“Solo después de esto se podrá sustentar una eventual condena”, añadió.
El juicio continuará durante los próximos meses con el interrogatorio de los acusados, antes de que la fiscalía y las defensas presenten sus alegatos finales.
Cinco jueces de la corte -incluyendo Moraes- finalmente votarán una eventual condena contra Bolsonaro y los otros coacusados.
El exmandatario ya está inhabilitado políticamente hasta 2030 por cuestionar sin pruebas el sistema de votación electrónica de Brasil.
Y aunque ha reiterado su intención de presentarse a los comicios de 2026, en los que Lula podría presentarse de nuevo, la semana pasada dijo a Uol que una condena sería una “pena de muerte, política y física”.
Entre sus posibles sucesores suena con fuerza el nombre del actual gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, a la vez citado a declarar el día 30 ante el STF por su condición de exministro de Bolsonaro.
El expresidente también lidia con otro frente: en abril debió operarse de nuevo de urgencia en el abdomen debido a las secuelas de una puñalada que recibió durante la campaña de 2018.
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