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Las esperanzas de una comunidad trabajadora e imprescindible para el día a día de los dominicanos se desvanecen.
El suministro de alimentos es una práctica ancestral que merece ser reconocida como uno de los oficios más nobles y cruciales para la supervivencia de cualquier país.
No hay progreso posible si la distribución de alimentos perecederos carece de un sistema moderno, eficaz y digno para quienes producen, venden y consumen. Y en esto, este mercado desempeña un papel histórico e irremplazable.
La creación del fideicomiso para los mercados de abasto se presentó como una solución innovadora, efectiva y con visión de futuro. Prometía revitalizar el comercio agroalimentario en entornos saludables, organizados y acordes a las demandas del siglo XXI.
Se habló incluso de una intervención urbana de gran impacto que regeneraría la zona norte de la capital, llevándola de la informalidad al orden, del deterioro al esplendor, y del olvido al protagonismo que merece.
¿Qué ha sucedido desde entonces? ¿Por qué este proyecto está detenido? ¿Qué impide avanzar en algo tan fundamental y estratégico para el país?
Sabemos que los procesos públicos llevan tiempo, que deben cumplirse etapas y que hay aspectos técnicos y legales que no pueden ignorarse.
Pero también sabemos priorizar. Y si hablamos de prioridades, pocas cosas tienen mayor peso social, económico y humano que asegurar una red moderna de mercados de abastos. No solo hablamos de comercio, hablamos de seguridad alimentaria, de cadenas productivas, de empleo digno y de una vida urbana más saludable.
El Gobierno central parece no comprenderlo. O no querer entenderlo. Porque a pesar de tener los instrumentos, los recursos y el compromiso público con esta iniciativa, el proyecto está estancado. Y esa parálisis empieza a generar desesperanza para cientos de comerciantes, transportistas, consumidores y comunidades que dependen de este ecosistema económico.
Extrañamos la vitalidad que caracterizaba al Mercado Nuevo: alimentos frescos, variados y a buen precio, disponibles para miles de familias cada día. Un lugar que a pesar de su deterioro, nunca perdió su esencia, su energía y su valor para la ciudad. Imaginen lo que podría ser si se le proporcionaran las condiciones adecuadas. Si fuera limpio, seguro, regulado, digno.
La transformación de este mercado, además de una intervención física, es una apuesta al rescate del comercio tradicional, a la formalización económica, a la cohesión comunitaria y al desarrollo sostenible de la capital. Esta obra tiene el potencial de dignificar barrios enteros, de reducir la delincuencia, de mejorar la movilidad, y de integrar social y económicamente una zona históricamente marginada.
¿De verdad no lo ve el Gobierno central? ¿Acaso no comprende que esta es una de las obras de mayor impacto urbano de los últimos años? ¿O será que el cálculo político ha pesado más que el interés colectivo?
No quisiera pensar que hay mezquindad detrás de esta paralización. Pero si la hay — como muchos temen — que se imponga la sensatez. Porque más allá de posibles beneficios electorales para la alcaldesa del Distrito Nacional o cualquier otro actor político, los verdaderos beneficiarios serán los dominicanos y dominicanas que merecen espacios públicos de calidad, mercados modernos y ciudades más humanas.
El país necesita señales claras de compromiso con lo esencial, no con lo superficial. Y pocas señales serían más potentes que reiniciar de inmediato este proyecto, con transparencia, eficiencia y voluntad política. Porque donde hoy hay caos, desorden e insalubridad, podría haber un centro modelo de abastecimiento y convivencia.
Y porque si de verdad se quiere transformar la ciudad, se empieza por el corazón de su gente: el lugar donde cada día se ganan la vida, se alimentan y sueñan con un futuro mejor.
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