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La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) instó ayer al Congreso Nacional a impulsar una nueva ley de Gestión Integral de Riesgos que tome en cuenta la voz de las comunidades, los gobiernos locales, la academia y el sector privado de todo el país.
“Hacemos un llamado firme a nuestras y nuestros legisladores, a las comisiones permanentes relacionadas con temas medioambientales, municipales y de derechos humanos, a abrir un proceso amplio, democrático y transparente de reforma legal, donde la ciudadanía sea sujeto de derecho y protagonista del cambio”, indica la entidad en un comunicado.
Al mencionar la necesidad de contar con un marco más sólido, con enfoque preventivo, descentralizado y transversal, Finjus aboga por que se promueva una reforma legislativa o una nueva ley marco de gestión integral del riesgo, con enfoque preventivo y de desarrollo sostenible, fortaleciendo los gobiernos locales, la transversalidad, la participación ciudadana y los instrumentos financieros y técnicos actualizados.
Menciona que la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos en la República Dominicana, promulgada en 2002, es un hito importante en la consolidación de una política nacional de protección ante desastres.
Explica que una nueva ley o reforma de la actual Ley 147-02 puede incorporar la participación local al fortalecer la descentralización con mandato legal, establecer sistemas de planificación participativa obligatorios y planificar consejos locales de aplicabilidad local.
“La República Dominicana está llamada a actualizar su marco legal de gestión de riesgos, no solo como una respuesta técnica, sino como una decisión ética basada en justicia social, derechos humanos y equidad territorial”, puntualiza.
En ese sentido, señala que esta reforma no puede ser únicamente técnica ni institucional, sino que debe ser política y participativa.
“El Congreso Nacional debe asumir el compromiso de impulsar una nueva ley de Gestión Integral de Riesgos que reconozca la voz de las comunidades, los gobiernos locales, la academia y el sector privado”, especifica.
Recuerda que la Ley 147-02 estableció el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres (SN-PMR) y definió responsabilidades para las distintas instituciones del Estado, se enfocó en riesgos naturales como huracanes, terremotos o inundaciones, que históricamente han afectado al país y estableció la Comisión Nacional de Emergencias y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), con funciones de coordinación interinstitucional.
“No obstante, su contenido refleja una visión centrada en la respuesta a emergencias, sin integrar los componentes de reducción del riesgo, adaptación al cambio climático ni continuidad operativa de servicios esenciales, lo que reduce su vigencia frente a escenarios de riesgo modernos”, planteó.
Dice que esa ley carece de una clasificación moderna de amenazas multicausales y sistémicas, no abarca los desastres ambientales complejos, carece de una clasificación moderna de amenazas multicausales y sistémicas.
