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La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) reiteró hoy su rechazo a la reapertura en Aguadilla de un centro de detención y deportación para inmigrantes interceptados en Puerto Rico y el Caribe.
Según se supo este martes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas federal (ICE en inglés) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI en inglés) “evalúan” reabrir el complejo aguadillano que dejó de operar el 23 de enero de 2010, tras un proceso de consolidación fiscal que en los Estados Unidos y sus territorios redujo el número de instalaciones de 340 a 250.
La revelación fue hecha por Rebecca González-Ramos, agente especial a cargo de HSI en Puerto Rico e Islas Vírgenes, durante una entrevista con la editora de NotiCel, Dennise Pérez.
El planteamiento de la funcionaria federal recibió el repudio rotundo de la ACLU “por considerarlo una seria afrenta a la dignidad humana y una amenaza directa a los derechos de los inmigrantes”.
“Reabrir un centro de detención masivo en nuestra región representa un retroceso moral, legal y humanitario”, informó la entidad en declaraciones escritas. “Lo que se persigue con esta acción es legitimar la iniciativa del presidente Trump de criminalizar a los inmigrantes en violación a la Constitución de los Estados Unidos y de los tratados internacionales que los protegen”.
“Las condiciones de detención, por más que se proclamen ‘protegidas por directrices constitucionales’, no pueden garantizar ni la seguridad ni el bienestar de quienes son forzados a permanecer tras barrotes mientras enfrentan procesos migratorios complejos'”, añadió.
Sobre esto, González-Ramos declaró a preguntas de NotiCel que “los centros de detención están protegidos por diferentes directrices constitucionales y hay un protocolo cuando sucede cualquier cosa en un centro de detención, que tienen que reportar inmediatamente, que tienen que dar notificación al público de que sucedió algo en ese centro de detención”.
“Puerto Rico no debe convertirse en un enclave estratégico para la detención y deportación de comunidades vulnerables del Caribe y América Latina”, insistió la ACLU.
“Lo que necesitamos son designaciones de espacios sensibles, políticas de acogida, inversión en procesos de regularización, y el respeto irrestricto a los derechos humanos, no cárceles”, sentenció.
Durante la entrevista, González-Ramos además reveló que desde el 20 de enero se han deportado a 445 personas de Puerto Rico, mayormente dominicanos, haitianos, mexicanos y venezolanos. En menor medida, asiáticos y uzbecos (Uzbekistán).
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