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La deportación de mujeres embarazadas y en período de lactancia identificadas en los hospitales públicos es un acto de inhumana crueldad, una injusticia que clama al cielo y que ha generado rechazo tanto entre amplios sectores de la sociedad como por organismos internacionales, incluyendo la ONU y el Vaticano.
La presencia de oficiales de Migración en los hospitales se convierte en un obstáculo insalvable para aquellas mujeres que requieren atención médica urgente, con consecuencias desastrosas: muertes evitables, empeoramiento de condiciones de salud, y el riesgo de que se genere una crisis sanitaria que afecte a toda la población.
Según las tarifas de las aseguradoras, el costo promedio de un parto, tanto en el sector público como en el privado, oscila entre 37 mil y 64 mil pesos, con un promedio de 51 mil pesos.
Si consideramos que se registran aproximadamente 35 mil partos de mujeres haitianas al año, esto supone un gasto total de 1,785 millones de pesos, un monto que representa solo el 1.3% del presupuesto nacional para salud en 2025 (RD$137,862.6 millones).
¿Realmente es este gasto una carga inasumible para el país? Las cifras demuestran que no.
Algunos proponen cobrar por estos servicios, pero la realidad es que, en los hospitales, ni siquiera se sabe cuánto ni cómo se debería cobrar.
Además, imponer tarifas a inmigrantes en situación irregular conlleva graves contradicciones legales y jurídicas, y abre una caja de pandora llena de problemas económicos, sociales y sanitarios.
Si el gobierno decidiera cobrar a los inmigrantes indocumentados, estaría reconociéndolos dentro del sistema legal del país, ya que, para que exista un contrato de servicios, ambas partes deben tener capacidad jurídica.
Para poner en perspectiva la magnitud del gasto en partos, basta comparar: el gobierno destinó hoy 1,500 millones de pesos para “celebrar” el Día de las Madres, una cifra que equivale casi al total del gasto en partos haitianos durante todo un año.
La gran mayoría de estas mujeres embarazadas no vienen de Haití, sino que residen aquí en el país, y es cruel e inhumano obligarlas a elegir entre recibir atención médica y ser deportadas de inmediato o permanecer en las sombras, ocultas, arriesgando su vida y la de sus hijos, por temor a ser expulsadas.
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