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Washington.- Las polémicas políticas migratorias del Gobierno de Donald Trump desatan hoy fuertes críticas, especialmente tras informes de arrestos incluso en tribunales de inmigración en diversas zonas de Estados Unidos.
Hay noticias de que agentes federales de inmigración han emboscado y detenido a personas en edificios gubernamentales federales situados en ciudades como Phoenix, Miami, Seattle, Nueva York, Chicago y Los Ángeles, así como en varios lugares del estado de Texas y del norte de California.
Las políticas de Trump ahora permiten a los agentes de inmigración efectuar arrestos en escuelas públicas, hospitales, lugares de culto y otros sitios donde antes no estaba permitido, recordó Democracy Now.
Recientemente trascendieron planes que evalúa el Gobierno. Cientos de agentes de protección fronteriza serán desplegados en diferentes partes del país para apoyar las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Por otro lado, Trump solicitó este martes a la Corte Suprema que autorice a su administración la deportación de personas a Sudán del Sur y otros destinos que no son sus países de origen.
La apelación llegó a esa instancia días después de que medios de prensa se hicieran eco de la noticia de que la administración intentó transferir a detenidos a Sudán del Sur.
“Estados Unidos enfrenta una crisis de inmigración ilegal, en gran medida porque muchos extranjeros que más merecen ser expulsados suelen ser los más difíciles de remover”, expresó el Departamento de Justicia en su solicitud al Supremo.
El juez federal Brian Murphy bloqueó en marzo los intentos de la administración Trump al respecto y el 21 de mayo el mismo magistrado añadió que los inmigrantes a los que pretenden transferir a Sudán del Sur deben tener “al menos 72 horas de preaviso” para que puedan expresar sus temores de ser enviados a un tercer país.
Aquellos que no sean considerados con “temor razonable” tendrían entonces 15 días para intentar reabrir sus casos migratorios y así tener la posibilidad de impugnar su expulsión, de acuerdo con la orden del juez.
El Gobierno de Trump, que califica a esos migrantes de “criminales”, argumentó que la gestión de Murphy interfiere en sus propósitos y como resultado, “Estados Unidos se ha visto obligado a la inaceptable elección de retener a estos extranjeros para procedimientos adicionales en una instalación militar en el extranjero (Yibuti)”.
La Casa Blanca explora destinos que acepten recibir a los expulsados y se menciona además a Angola, Benín, Guinea Ecuatorial, Esuatini, Ruanda, Libia y Moldavia.
Sudán del Sur es un país sin litoral en África Oriental, que se independizó de Sudán en 2011.
Sigue asolada por la violencia étnica y se enfrenta a una crisis alimentaria, con casi dos tercios de sus 11 millones de habitantes necesitados de ayuda humanitaria.
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