Impulsar el proyecto de ley de libertad de expresión

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El texto que reemplazará la obsoleta Ley 6132 llega al Congreso Nacional, ya consensuado con los sectores más involucrados con sus propósitos regulatorios y de protección efectiva al libre ejercicio de la comunicación por diferentes vías. Disponible de inmediato para toda exposición que mejore su contenido en audiencias públicas y que amplíe su conexión y legitimación con la sociedad dominicana. Aparece en un momento en que corresponde resaltar con precisiones normativas el camino por donde debe transitar el derecho a la libre expresión de las ideas, incluyendo ahora los recursos de la era digital, sin más limitaciones que las que son inherentes al sistema democrático, que es de plenas libertades, con el fin de asegurar la vigencia y el alcance de las prerrogativas que amparan en materia de prensa a todo ciudadano en su aspiración a ser informado correctamente o de actuar como emisor que ejerce con decoro sus objetivos. Dos años de consultas, análisis técnicos y acuerdos con representantes de diversos sectores de la nación, resultaron en esta propuesta orientada a regular de manera justa, equilibrada y moderna las difusiones informativas, aplicando multas, suspensiones de transmisión y eliminación de contenidos por acciones que infrinjan la ley, siendo contrarias a la Constitución y a la libertad de expresión. Sin dejar de lado la defensa del derecho de los comunicadores en general a tener acceso a fuentes informativas sin discriminación. Un proyecto de ley plenamente originado y respaldado, justamente, por la Sociedad Dominicana de Diarios, con el objetivo de establecer “una ley moderna, equilibrada y respetuosa de los derechos ciudadanos, las garantías constitucionales y la diversidad de voces que alimentan a la democracia dominicana”.

Mediante esta legislación se establecerá el Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), entidad estatal descentralizada, con autonomía financiera y administrativa, patrimonio propio y personalidad jurídica, con la responsabilidad de proteger y promover el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información y de definir, establecer y reglamentar las políticas públicas, normas y procedimientos necesarios para la correcta aplicación de la ley.