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Mediante un recurso presentado ayer ante un tribunal en California, la Administración republicana busca la eliminación “completa” del denominado ‘Acuerdo Flores’, el cual, desde 1997, establece estándares mínimos para el trato de menores migrantes.El Gobierno del presidente Donald Trump pretende anular un acuerdo judicial, alcanzado hace más de 25 años, que obliga a las autoridades a ofrecer protección a los menores migrantes bajo custodia federal.
Con un recurso presentado ayer ante un tribunal en California, la Administración republicana pide la derogación “total” del llamado ‘Acuerdo Flores’, que desde 1997 estipula normas básicas para el trato de menores migrantes.Entre ellas, asegurarles acceso a servicios de salud y educación, mantenerlos en instalaciones con licencia para el cuidado infantil, y liberarlos prontamente con un familiar o representante legal.
El acuerdo legal también ha facilitado a los abogados defensores de inmigrantes poner de manifiesto las dificultades que enfrentan los menores bajo custodia federal, incluidos niños que llegan a EE.UU. acompañados de un familiar o tutor legal.En el documento presentado hoy, el Gobierno de Trump argumenta que el acuerdo no le permite implementar las políticas migratorias deseadas y pone la voluntad judicial por encima del Ejecutivo.
Específicamente, los abogados del Gobierno responsabilizan al acuerdo Flores de haber “transformado el panorama migratorio” al eliminar algunos elementos que desanimaban a las familias de entrar de forma irregular a EE.UU.
Asimismo, señala que las condiciones en los centros de detención para migrantes han mejorado “significativamente” desde la firma del acuerdo.
Esta es la segunda vez que Trump intenta suspender las protecciones a los menores migrantes: un intento anterior de revocar este acuerdo durante su primer mandato (2017-2021) fue bloqueado por un tribunal de apelaciones.
Una solicitud semejante formuló la Administración de Barack Obama (2009-2017) tras el aumento de niños no acompañados que ingresaron al país en 2014.
El acuerdo debe su nombre a Jenny Flores, una menor de 15 años que huyó de la guerra civil en El Salvador y, tras cruzar la frontera en 1985, sufrió un trato severo por parte de las autoridades migratorias, que incluyó una revisión corporal y su encierro en un centro juvenil durante meses, sin acceso a educación, recreación, ni otros apoyos, mientras esperaba la deportación.
Logró evitarse la expulsión después de que la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones demandaran al Gobierno estadounidense, iniciando un litigio que amparó a todos los niños y condujo al acuerdo.
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