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La orden de la corte, con una sola disidencia registrada, suspende la decisión de un juez federal en San Francisco que mantenía vigente el Estatus de Protección Temporal para los venezolanos, el cual, de otra manera, habría vencido el mes pasado. Los magistrados no brindaron una justificación, lo cual es usual en apelaciones de emergencia.
El estatus permite a personas que ya se encuentran en Estados Unidos vivir y trabajar legalmente, dado que sus países de origen se consideran inseguros por desastres naturales o conflictos civiles.
La orden del máximo tribunal sería, al parecer, “la acción más significativa en la historia moderna de Estados Unidos para privar a cualquier grupo de no ciudadanos de su estatus migratorio”, señaló Ahilan Arulanantham, uno de los abogados de los migrantes venezolanos.
“Esta decisión situará a las familias en una posición insostenible, donde deberán elegir entre sobrevivir o la estabilidad”, expresó Cecilia González Herrera, quien presentó la demanda para intentar evitar que el gobierno federal revocara las protecciones legales a ella y a otras personas en la misma situación.
“Los venezolanos no son criminales”, enfatizó González Herrera.
“Todos merecemos la oportunidad de prosperar, sin ser enviados de regreso al peligro”, agregó.
De momento, se desconocen las consecuencias para los cientos de miles de personas afectadas, dijo Arulanantham. El Departamento de Seguridad Nacional no realizó comentarios de inmediato sobre la orden de la Corte Suprema.
Un tribunal federal de apelaciones había rechazado previamente la petición del gobierno de suspender la orden mientras la demanda continúa su curso. Se programó una audiencia para la próxima semana ante el juez federal Edward Chen, quien había suspendido los planes de la Casa Blanca.
Este es el caso más reciente en una serie de apelaciones de emergencia que el gobierno federal ha presentado ante la Corte Suprema, muchas de ellas relacionadas con la inmigración e involucrando a Venezuela. La semana pasada, el gobierno solicitó a la corte que le permitiera poner fin al permiso humanitario para cientos de miles de inmigrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, exponiéndolos también a una posible deportación.
El máximo tribunal también ha estado involucrado en frenar los esfuerzos de Trump para enviar rápidamente a venezolanos acusados de ser miembros de pandillas hacia una prisión en El Salvador, amparado en una ley del siglo XVIII llamada la Ley de Enemigos Extranjeros.
La compleja crisis económica y política en Venezuela ha impulsado a más de 7,7 millones de personas a abandonar la nación sudamericana desde 2013. Los problemas económicos más recientes de Venezuela elevaron la inflación interanual en abril al 172%. El episodio más reciente incluso llevó al presidente Nicolás Maduro a declarar una “emergencia económica” el mes pasado. Maduro, cuya reelección el año pasado para un tercer mandato ha sido condenada como ilegítima por la comunidad internacional, también ha reprimido a sus oponentes políticos.
En la disputa sobre el TPS, el gobierno ha tomado medidas enérgicas para retirar varias protecciones que han permitido a los inmigrantes permanecer en el país, incluyendo el fin del estatus de protección temporal para un total de 600.000 venezolanos y 500.000 haitianos. Estas protecciones se conceden en períodos de 18 meses. Venezuela fue designada por primera vez para el TPS en 2021; Haití, en 2010.
Las protecciones estaban programadas para vencer el 7 de abril, pero el juez Edward Chen ordenó una pausa. Determinó que la expiración amenazaba con interrumpir gravemente las vidas de cientos de miles de personas y podría costar miles de millones en actividad económica perdida.
Chen, quien fue designado para el tribunal por el presidente demócrata Barack Obama, determinó que el gobierno no había demostrado que mantener el programa vigente causara algún daño.
No obstante, el procurador general D. John Sauer escribió en nombre del gobierno que la orden de Chen interfiere indebidamente con el poder de la presidencia en materia de inmigración y asuntos exteriores.
Asimismo, Sauer indicó a los jueces que las personas afectadas por el fin del estatus de protección podrían tener otras opciones legales para intentar permanecer en el país, dado que la “decisión de finalizar el TPS no equivale a una orden de deportación final”.
El Congreso creó el TPS en 1990 para eximir de la deportación a personas procedentes de países que sufren desastres naturales o conflictos civiles.
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