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Los tratados o convenciones ambientales y climáticos entre Estados soberanos representan hoy la principal fuente del derecho internacional público y la mejor vía para enfrentar los retos ambientales y de cambio climático a nivel global.
La orden ejecutiva del Presidente Donald Trump, titulada “Poniendo a EE. UU. Primero en Acuerdos Ambientales Internacionales”, alega que estos tratados desvían los fondos de los contribuyentes estadounidenses hacia “países que no necesitan, o merecen, la ayuda financiera de los intereses del pueblo estadounidense”. Bajo este argumento, el Presidente Trump asesta un duro golpe a la diplomacia climática y al multilateralismo en general.
Esta es la segunda ocasión en que el presidente Trump retira a Estados Unidos del Acuerdo de París. En junio de 2017, al inicio de su primer mandato, el líder republicano anunció que, a partir de noviembre de 2020, EE. UU. se retiraba del tratado internacional adoptado en 2015 en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Pero tan pronto como el presidente Joe Biden asumió la presidencia de Estados Unidos en enero de 2021, el líder demócrata firmó una orden ejecutiva para reincorporar de forma efectiva al país al Acuerdo a partir de febrero de 2021.
El objetivo del Acuerdo es “mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2ºC con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5ºC con respecto a los niveles preindustriales” y sin la participación activa del segundo mayor emisor del planeta sería casi imposible alcanzar dicho objetivo.
Simultáneamente, otra orden ejecutiva firmada por el Presidente Trump solicita a los jefes de “cualquier departamento o agencia que planifique o coordine acuerdos energéticos internacionales” que den “prioridad a partir de ahora a la eficiencia económica, la promoción de la prosperidad estadounidense, la elección del consumidor y la restricción fiscal en todos los compromisos exteriores que afecten a la política energética”. En esta orden ejecutiva, el presidente Trump envió una clara señal sobre lo que estaba por venir: el final de una era que comenzó hace 80 años, cuando Estados Unidos ayudó a diseñar un mundo de reglas, acuerdos internacionales y normas para restringir a los poderosos de apoderarse del territorio y empoderar a los débiles a través de un escenario multilateral global sin recurrir a la guerra.
Consciente o inconscientemente (esperamos lo último), el Presidente Trump, con sus órdenes ejecutivas, está reestructurando unilateralmente el sistema económico global bajo el cual la mayoría de los países han operado en los últimos años y, como expresa el profesor Juan González, “el Presidente Trump intenta restaurar el orden internacional unipolar”, llevando al mundo a una nueva era que los expertos en relaciones internacionales consideraban superada. Las normas existentes se ven cuestionadas, mientras que otras nuevas aún no han surgido, entrando el multilateralismo en crisis.
Esto refleja la visión que Trump tiene desde hace tiempo sobre el funcionamiento de las Naciones Unidas como escenario global para la toma de decisiones multilaterales.
Debemos recordar que el multilateralismo surgió de la creciente interrelación entre los Estados y la necesidad de gestionar conjuntamente una serie de intereses comunes. Esto propició el surgimiento de diversas formas de colaboración y cooperación que, en una primera etapa, se llevaron a cabo a través de conferencias o congresos internacionales, como Río 92, que posteriormente se tradujeron en la creación de estructuras permanentes como, por ejemplo, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, pilares del régimen climático internacional actual.
En los treinta (30) años de vigencia de la Diplomacia Climática, únicamente el Presidente Trump, con sus decisiones unilaterales, ha puesto en duda el sistema de Naciones Unidas y la Convención sobre Cambio Climático en específico, lo que evidencia el rol hegemónico que Estados Unidos pretende retomar para transformar la realidad internacional.
La rivalidad geoestratégica entre Estados Unidos y China es el eje de los cambios en las relaciones internacionales. Mientras China busca fortalecer su influencia global y Estados Unidos busca contenerla, algunos argumentan que el futuro del multilateralismo es sombrío. Incluso defensores fervientes del multilateralismo han señalado en la última década que la cooperación global está fracasando cuando más la necesitamos, que se firman y ratifican menos tratados multilaterales, que la implementación de los tratados existentes es deficiente y que los Estados rechazan cada vez más la supervisión de las obligaciones de los tratados y la vigilancia de su cumplimiento por parte de las organizaciones multilaterales.
Con miras a la 62da reunión de los Cuerpos Subsidiarios en Bonn en junio próximo y la COP30 en Belem en noviembre de este año, para que sean un éxito, los gobiernos deben cumplir sus compromisos de abandonar los combustibles fósiles, triplicar la capacidad de energía renovable y duplicar la tasa de mejoras en la eficiencia energética para 2030.
Todos los países deben generar confianza en la implementación del compromiso de financiación climática de 1,3 billones de dólares asumido en la COP29, asegurando que se ajuste a las necesidades de financiación urbana y basada en la naturaleza.
La hoja de ruta de Bakú a Belem es crucial para guiar una implementación futura efectiva. Además, los países deben implementar urgentemente indicadores de adaptación que reflejen las prioridades locales y territoriales, y establecer un fondo de acceso específico para que los actores locales y subnacionales aborden los impactos de las pérdidas y los daños.
El desafío está planteado y solo entre todos los países, sin excepción, tenemos que actuar con justicia, con valentía y con sentido de la historia.
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