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SEVILLA, 12 de mayo. (EUROPA PRESS) – La Junta de Andalucía solicitó este lunes personarse en el procedimiento abierto en la Audiencia Provincial de Sevilla para “apoyar la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por las sentencias del Tribunal Constitucional” (TC) que estimaron parcialmente recursos de amparo de ex altos cargos de la anterior administración socialista condenados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
Así lo confirmó el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz (PP-A), en unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación en las que informó de que, en su calidad de dicho cargo del Gobierno andaluz, dio “orden” de que la Junta se persone “en esta causa a través del Gabinete Jurídico” del Gobierno autonómico “para proteger y defender el interés de los andaluces”.
En esa línea, Antonio Sanz defendió esta solicitud de que la Junta se persone de nuevo en el ‘caso ERE’ “para intentar recuperar el dinero defraudado, casi 700 millones de euros, de todos los andaluces en el mayor caso de corrupción de la historia política de España”, según subrayó.
De esta manera, la Junta de Andalucía “va a apoyar que la Audiencia de Sevilla acuda a la Justicia de la Unión Europea para que diga si el Tribunal Constitucional se ha excedido en sus funciones”, según abundó Antonio Sanz en la víspera de la tercera e inicialmente última de las tres jornadas dispuestas por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla –encargada de las nuevas sentencias fruto de la decisión del TC de anular sus condenas a una decena de inculpados por el caso de los ERE– para deliberar si plantea finalmente o no una cuestión prejudicial sobre el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Fuentes del Gobierno andaluz precisaron que la Junta “comparecerá en el trámite de alegaciones a favor de elevar una cuestión prejudicial y presentará un escrito argumentando la oportunidad de plantear dicha cuestión ante el Alto Tribunal europeo”.
El consejero de la Presidencia remarcó que en el Gobierno andaluz creen que “las sentencias del Tribunal Constitucional pueden provocar la impunidad parcial del mayor caso de corrupción política de España, impidiendo con ello que la Junta de Andalucía pueda recuperar la mayor cantidad posible del dinero defraudado de los ERE”.
En concreto, desde la Junta creen que la doctrina que establece el Constitucional en sus diez sentencias de 2024 sobre el ‘caso ERE’ “puede generar un escenario de impunidad parcial, no sólo penal sino también civil y patrimonial”, que “impediría reparar el daño causado a los intereses de la comunidad autónoma de Andalucía”.
“Por eso, creemos desde la Junta de Andalucía, como perjudicada” en un caso del que “todos los andaluces” son “víctimas”, que “hemos de ser oídos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, añadió Antonio Sanz, que recordó que, en la etapa de presidencia socialista de Susana Díaz, la Junta, en el año 2016, “retiró su acusación del caso de los ERE”, pero ahora “tiene un interés legítimo, clarísimo, para volver a la causa” y “para poder recuperar el dinero de todos los andaluces defraudados”.
“Es una obligación que tenemos de recuperar el dinero y que así la marca el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en su artículo 325”, según aseveró Antonio Sanz, que puso de relieve, además, que la Junta “reclamó en el Tribunal de Cuentas la responsabilidad contable derivada de las condenas impuestas, lo que refuerza aún más nuestro interés legítimo para personarnos”.
Desde el Gobierno autonómico confían “en que se nos acepte esa personación, y que los andaluces vuelvan a sentirse orgullosos de saber que su gobierno, que la Junta de Andalucía, está haciendo todo lo posible para intentar recuperar un dinero que debió servir para luchar contra el paro, y que se dio para otros fines muy distintos”, manifestó Antonio Sanz.
Explicó además que “el Consejo de Gobierno acordó en el año 2019 hacer todo lo posible por recuperar estos fondos” e “instó a la Consejería de Presidencia a defender el interés de Andalucía donde fuera necesario”, así como argumentó que “la Ley Orgánica del Derecho de Defensa nos ampara en nuestra decisión, y el Derecho europeo nos obliga a perseguir la corrupción con todos los medios a nuestro alcance”.
“Procede, en ese sentido, reaccionar a lo que significa el acuerdo de noviembre del 2019 en la que se instaba a la persona titular de la Consejería de Presidencia a impulsar todas las medidas necesarias para el inicio de los procedimientos que fueran pertinentes para esa exigencia”, que “es lo que estamos haciendo con esta decisión y la orden que hoy (este lunes) he remitido al Gabinete Jurídico para iniciar esa personación”, sostuvo Antonio Sanz.
El consejero quiso dejar claro que la Junta ha emprendido en los últimos años, bajo la presidencia de Juanma Moreno, “todo tipo de actuaciones con el objetivo de recuperar esas cantidades defraudadas, desde el ejercicio de acciones civiles” como de “acciones penales”, además de “procedimientos administrativos de reintegro” y su “denuncia ante el propio Tribunal de Cuentas”.
“En el ámbito penal nos hemos personado en todas las causas como acusación particular”, mientras que, “paralelamente, en el ámbito contable, la Junta ha interpuesto demandas de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas que se cuantifican en decenas de millones de euros para recuperar todo lo que se ha defraudado”, según detalló el consejero.
Sanz también expuso que, “en el ámbito administrativo, la Junta ha llevado a cabo procedimientos de revisión de oficio de las ayudas concedidas, especialmente aquellas en las que se detectaban beneficiarios no legítimos”, y ha iniciado “244 revisiones de oficio de ayudas a empresas con reclamaciones por valor de 129 millones de euros”.
Tras defender así que “existe un interés legítimo de la Junta de Andalucía vinculado al ejercicio de la acción civil y a la recuperación de las cantidades” referidas, Sanz sostuvo que “resulta necesario” que la Administración andaluza “se persone y sea oída en el planteamiento de la cuestión prejudicial de modo que podamos defender los intereses patrimoniales directamente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.
Así, apuntó que, “si la Junta de Andalucía no se fuera a personar en la ejecutoria penal 45/22, se comprometería con ello la posibilidad de ser oída por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en defensa de nuestro legítimo interés patrimonial”.
Fuentes de la Junta aclararon que la administración andaluza formula alegaciones a favor de plantear la referida cuestión prejudicial al considerar que “el Tribunal Constitucional se ha extralimitado en sus funciones de control, invadiendo ámbitos reservados a la jurisdicción de jueces y tribunales”, y sus diez sentencias resolviendo recursos de amparo tendrían una “innegable afectación negativa al resarcimiento económico de la Junta de Andalucía”.
“La interpretación que hace el Constitucional sobre las leyes de Presupuestos de la Junta de Andalucía de entre los años 2002 y 2009 se opone a la normativa y jurisprudencia comunitarias”, sostiene también la Junta de Andalucía, que considera que “se podrían estar incumpliendo las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política, siendo procedente plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal europeo”, según concluyen desde el Gobierno andaluz.
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