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Santo Domingo.- La jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, se enfrenta a una recusación debido a una supuesta parcialidad evidente durante la audiencia preliminar contra Hugo Beras, José Gómez y otros acusados en el caso de la red de corrupción relacionada con el contrato de modernización de semáforos del Gran Santo Domingo.
Según el Ministerio Público, la magistrada Patricia Padilla demostró su preferencia a favor de los imputados, al concederles permisos “injustificados”, a pesar de las medidas de coerción que les prohibían salir del país, para viajar a Disney World, a Panamá y otros destinos, tal como ocurrió con el imputado José Gómez. Además, la jueza ordenó la devolución de armas de fuego que estaban en posesión de Gómez, aunque registradas a nombre de otras personas.
¿Qué significa recusación?
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la recusación es un acto que busca apartar de la intervención en un procedimiento administrativo o judicial a un juez, un testigo o un perito, debido a su relación con los hechos o con las demás partes.
Por su parte, el Código Procesal Penal Dominicano establece que un juez puede inhibirse o ser recusado por las partes, entre otras razones, por ser cónyuge, conviviente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o por adopción, o segundo de afinidad, de alguna de las partes o de su representante legal o convencional.
Asimismo, el artículo 78, numeral 6 del citado Código indica como causa de recusación:
En ese sentido, el fiscal litigante Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), manifestó su confianza en que la Corte de Apelación del Distrito Nacional valorará los argumentos presentados por el Ministerio Público.
Sobre el caso
Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), José Gómez y otros coimputados son señalados como integrantes de una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructuras críticas y robo de identidad.
Por el caso también son imputados Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del Intrant; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intran y Carlos José Peguero Vargas.
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