Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Miami, EE.UU. – Un cálculo de 255.000 bebés anualmente podrían ser privados de la ciudadanía estadounidense si progresa la orden ejecutiva del expresidente Donald Trump, buscando eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, según un informe emitido por el Migration Policy Institute (MPI). La acción, actualmente disputada en la Corte Suprema, se discute este jueves en medio de crecientes advertencias sobre su impacto social y legal.
De ser aprobada la orden, el número de indocumentados en EE.UU., estimado actualmente en 13,7 millones, podría aumentar en 2,7 millones para 2045 y en un 40 % para 2075, alerta el informe. Esta nueva clase de personas nacidas en suelo estadounidense, pero sin ciudadanía, generaría, según los expertos, “una alteración considerable en la movilidad económica y la cohesión social”.
El reporte, creado por Jennifer Van Hook, Michael Fix y Julia Gelatt, también advierte sobre el potencial aumento de casos de migrantes que abandonan voluntariamente el país. En 2020, por ejemplo, 500.000 niños nacidos en EE.UU. residían en México, muchos debido a deportaciones de sus padres o decisiones familiares obligadas.
La iniciativa de Trump enfrenta una fuerte oposición por contradecir la Enmienda 14 de la Constitución, en vigor desde 1868, que garantiza la ciudadanía a cualquier persona nacida en territorio estadounidense. Aunque tres jueces federales han bloqueado temporalmente su aplicación, la decisión final recaerá en la Corte Suprema, que actualmente cuenta con una mayoría conservadora.
Thomas Kennedy, analista de la Florida Immigrant Coalition (FLIC), reconoce que es improbable que la propuesta avance, pero advierte que ya ha generado “confusión, temor e incertidumbre” entre las comunidades migrantes.
“No creo que tenga éxito legalmente, pero sí está creando un ambiente hostil, donde los migrantes sienten que están bajo constante amenaza”, declaró Kennedy.
Más allá del contenido de la orden, el debate legal se centra en si los tribunales inferiores pueden bloquear a nivel nacional una orden presidencial mediante un interdicto universal. La administración Trump argumenta que tal medida excede las competencias judiciales.
Jerry Gonzalez, director ejecutivo del GALEO Impact Fund, subraya que la ciudadanía por nacimiento es un derecho constitucional claro y protegido. “La Corte Suprema debe acatar la Constitución tal y como está redactada”, señaló.
No obstante, el resultado de la audiencia podría limitar el poder de los tribunales federales en la revisión de políticas migratorias presidenciales, estableciendo así un precedente legal de gran trascendencia.
Agregar Comentario