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Tucson, Arizona. – Durante la administración del expresidente Donald Trump, se intensificó el escrutinio en el proceso de otorgamiento de visas, una política que también ha conllevado la revocación de documentos ya emitidos. Un caso reciente que ha generado controversia en ambos lados de la frontera es el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo, Carlos Torres, quienes fueron notificados por el Consulado de Estados Unidos en Tijuana sobre la cancelación de sus visas.
Como explica el abogado de inmigración Alex Gálvez a Conecta Arizona, la aprobación, denegación o revocación de visas estadounidenses es una potestad discrecional del gobierno de Estados Unidos.
“El gobierno no está obligado a dar explicaciones, pero sabemos que hay varias razones por las que se puede negar o revocar una visa de turismo o no inmigrante. Por ejemplo, si se utiliza para fines diferentes a los autorizados, como trabajar en Estados Unidos con una visa de turista, o si se usa de manera fraudulenta”, explicó Gálvez.
Revocación de visas y reacciones oficiales
El 10 de mayo de 2025, la gobernadora Ávila anunció que el Departamento de Estado de EE. UU. revocó su visa de no inmigrante, así como la de su esposo. Ambos afirmaron no haber recibido una explicación oficial sobre la decisión. Ávila catalogó la medida como “administrativa” y negó haber cometido delito alguno, asegurando que su conciencia está tranquila y que confía en que la situación se aclarará.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respaldó a la gobernadora y solicitó al gobierno estadounidense una explicación formal sobre la revocación de las visas, resaltando la importancia de la transparencia en este tipo de decisiones.
Aunque no se ha dado una razón oficial, varios medios han informado sobre posibles causas para la revocación del documento migratorio. El semanario Zeta reportó que la decisión podría estar relacionada con la orden de la gobernadora de detener excavaciones en una fosa clandestina en Tijuana, donde se encontraron restos vinculados al crimen organizado.
Mientras tanto, otros medios reportaron que Carlos Torres Torres, esposo de la gobernadora quien tiene aspiraciones para ser alcalde de Tijuana, enfrenta investigaciones tanto en Estados Unidos como en México por presuntos delitos financieros y de corrupción. Señalan que en EE.UU. se lleva a cabo una investigación por presunto lavado de dinero y conspiración.
La notificación fue entregada personalmente por el Cónsul General de Estados Unidos en Tijuana, Christopher Teal, para evitar que la gobernadora tuviera problemas al intentar cruzar la frontera, reportó El País.
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