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La génesis de este reportaje se originó a raíz de numerosas investigaciones; de una charla aparentemente fortuita y cotidiana. Era una mañana calurosa en Santo Domingo y, como suele suceder cuando dos periodistas coinciden tras una cobertura, la conversación trascendió. El tema derivó hacia las brechas económicas, el coste de la vida y los retos de planificar un futuro financiero, con especial enfoque en las mujeres.
Una de ellas compartió su deseo de ahorrar para, en unos años, poder financiar un apartamento. La otra, madre de dos hijas y divorciada, respondió con una frase que marcaría el rumbo del diálogo: “Cuando eres madre y estás divorciada, la situación se complica”. Y lo decía con conocimiento de causa.
Había intentado acceder a un préstamo hipotecario, pero su estado civil se convirtió en un obstáculo inesperado. Aunque disponía de ingresos estables y un proyecto definido, las exigencias de la entidad financiera fueron mayores que para otros perfiles. El hecho de ser mujer, jefa de hogar y sin un cónyuge que actuara como codeudor pesó más de lo que debería.
Ese intercambio reveló una pregunta de mayor calado: ¿cuántas mujeres dominicanas se enfrentan a trabas similares al interactuar con el sistema financiero? ¿Qué ocurre cuando se es emprendedora informal, madre soltera, trabajadora rural o simplemente una mujer sin historial bancario?
En la República Dominicana, el acceso a servicios financieros ha avanzado en las últimas décadas, pero no de manera equitativa. A pesar de representar más del 50 % de la población, las mujeres siguen enfrentando múltiples barreras para acceder a productos como cuentas bancarias, créditos, seguros o financiamiento para sus emprendimientos.
En este contexto, este reportaje explora el largo camino hacia la inclusión financiera femenina en República Dominicana, a través de entrevistas con expertos, representantes del sistema bancario y, sobre todo, mujeres que enfrentan día a día estas barreras en la búsqueda de su independencia económica.
Pese a los avances en inclusión financiera en las últimas décadas, las mujeres continúan enfrentando barreras significativas para acceder a servicios financieros formales. Según datos del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, solo un 45 % de las mujeres en edad productiva están formalmente bancarizadas, en comparación con un 60 % de los hombres. Esta brecha se acentúa aún más en zonas rurales y entre mujeres con menores niveles educativos.
Además, el acceso al crédito formal para mujeres empresarias o que buscan financiamiento personal es limitado. Informes recientes muestran que solo un 20% de los préstamos bancarios para vivienda o negocios están dirigidos a mujeres, mientras que la mayoría accede a productos financieros a través de cooperativas o programas estatales como el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme).
A esto se añade que las mujeres aún invierten menos que los hombres en instrumentos financieros como la bolsa de valores: en República Dominicana, solo el 32% de las cuentas de corretaje pertenecen a mujeres, un dato que resalta la necesidad de seguir trabajando hacia una verdadera equidad financiera.
Esta desigualdad no solo limita el desarrollo económico de las mujeres, sino que también afecta directamente el bienestar de sus familias y comunidades. Estudios demuestran que cuando las mujeres tienen acceso a servicios financieros, incrementan su capacidad para invertir en educación, salud y mejorar su calidad de vida, contribuyendo a la reducción de la pobreza y la violencia de género.
Barreras específicas: Tasas de interés más altas y desigualdad en el crédito
Aunque la bancarización femenina ha avanzado en República Dominicana, las mujeres todavía enfrentan obstáculos significativos al buscar financiamiento formal. Un aspecto clave es la disparidad en las tasas de interés que se les aplica en comparación con los hombres, aun cuando presentan un buen perfil crediticio.
Según el Informe de situación macroeconómica – Datos desagregados por sexo marzo 2025 (Edición Especial) del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd) basado en datos de la Superintendencia de Bancos (SB), las mujeres dominicanas pagan tasas de interés más altas que los hombres en los tres principales tipos de créditos: hipotecarios, comerciales y de consumo.
“La tasa de interés activa promedio ponderada por sexo evidencia una tendencia al alza en los últimos tres años, con tasas más altas para las mujeres en comparación con los hombres. En diciembre de 2024, la tasa de interés a acreedores femeninos fue de 20.66 %, mientras q u e la tasa de acreedores masculinos se ubicó en 20.43 %, lo que representa una brecha de 0.23 p.p., la más baja del periodo analizado”, indica el citado informe publicado en marzo del 2025.
Agrega que aunque esta brecha se ha reducido progresivamente desde el año 2022, la persistencia de tasas de interés más altas para las mujeres “sugiere posibles diferencias en el perfil de riesgo percibido por las instituciones financieras o en las condiciones de los créditos otorgados.”
Esta diferencia no puede explicarse por mayores niveles de morosidad, ya que las mujeres suelen presentar un menor índice de impago (1.41 % frente a 2.04 % de los hombres). Además, la brecha tampoco está relacionada con la naturaleza de las actividades económicas o el tipo de garantía, dado que muchas mujeres se dedican a sectores con activos duraderos que deberían reducir el riesgo financiero.
Esta desigualdad se acentúa en ciertas regiones, particularmente en provincias de la zona fronteriza como Santiago Rodríguez y Bahoruco, donde las tasas para mujeres pueden ser hasta 5.7 puntos porcentuales más altas que para los hombres, lo que implica un costo adicional significativo al momento de acceder al crédito.
Este fenómeno pone en evidencia la persistencia de sesgos estructurales y discriminación de género dentro del sistema financiero formal, que limita la capacidad de las mujeres para invertir en vivienda, negocios o consumo productivo, afectando no solo su desarrollo económico individual sino también el crecimiento inclusivo del país.
Según el informe de la Superintendencia de Bancos, las mujeres representan el 49 % de los 2.2 millones de deudores únicos del sistema financiero, pero concentran solo el 33 % del monto total adeudado, lo que indica una diferencia significativa en la cantidad de deuda promedio entre ambos géneros.
Además, según los datos disponibles en el portal de estadísticas del Sistema de Información del Mercado Bancario Dominicano (SIMBAD), demuestran que las mujeres exhiben un índice de morosidad de 1.41%, inferior al de sus pares masculinos, con 2.04 %. Sin embargo, enfrentan mayores obstáculos para acceder a créditos de mayor monto. Por ejemplo, en los créditos de consumo, la deuda promedio de las mujeres sigue siendo significativamente menor que la de los hombres.
Estas disparidades se reflejan también en las tasas de interés aplicadas, donde las mujeres enfrentan intereses más altos que los hombres, a pesar de ser consideradas “buenas pagadoras”.
Además, el levantamiento señala que la solicitud de requisitos adicionales para acceder a productos financieros no parece ser un factor que obstaculice el proceso de contratación de productos, ya que solo el 16% de las mujeres consultadas indican haber cumplido con un proceso de presentación de documentación y trámite distinto.
Estas estadísticas subrayan la necesidad urgente de políticas públicas que promuevan la equidad de género en el acceso al crédito y eliminen las barreras que enfrentan las mujeres en el sistema financiero dominicano.
El acceso de las mujeres a servicios financieros en República Dominicana sigue enfrentando retos importantes, muchas veces invisibilizados, que van desde la discriminación abierta hasta barreras implícitas en las reglas del sistema. A continuación, dos testimonios que ilustran estos obstáculos y la perseverancia para superarlos.
Mariela (nombre ficticio) inició su relación con el sistema financiero a los 18 años, cuando ingresó a su primer empleo formal en el año 2000 y pudo abrir cuentas de ahorro y crédito. No obstante, tras su divorcio, enfrentó un proceso lleno de trabas para obtener financiamiento para un apartamento.
Como ella misma relata, el mayor obstáculo fue cuando una persona en la entidad financiera le recomendó “que identifique un proyecto de bajo costo y solicite un bono del Estado; sería muy difícil para ti sola, madre de dos niñas y divorciada, acceder al crédito que necesitas”. A pesar de aclarar que esto era una forma de discriminación, la respuesta fue que tenía “preaprobada una línea de crédito de 800 mil pesos para un vehículo”, pero la experiencia la dejó frustrada y con “la culpa no me dejó dormir por varias noches”.
Mariela comparó su experiencia con la de un amigo hombre, quien sin empleo fijo y con menos ahorro pudo comprar un inmueble en una zona privilegiada sin mayores requisitos, evidenciando el sesgo de género en el acceso al crédito. Para obtener financiamiento, tuvo que recurrir a múltiples estrategias: conseguir un mejor empleo, vender su vehículo, reducir gastos y fortalecer su historial crediticio. Este proceso tomó más de tres años, hasta que finalmente pudo comprar el apartamento.
Para ella, “facilitar el acceso a crédito para las mujeres mejora la calidad de vida de toda la familia y de sus comunidades”, y llama a una reflexión profunda en el sistema financiero para romper con las barreras de género que persisten.
Por otro lado, Ana (nombre ficticio) enfrentó una discriminación diferente, pero igualmente dolorosa: el rechazo para alquilar un apartamento debido a su estado civil de madre soltera. Ella cuenta que “una mujer soltera con hijos es difícil,
