Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) evaluó de forma positiva la elaboración del proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, tras reconocer que representa un paso de avance en la modernización del marco legal que regula los medios de comunicación y el ejercicio del derecho a la libre expresión en el país.
Sin embargo, la entidad de la sociedad civil señaló que varios artículos de la iniciativa legislativa precisan de mayor discusión, para evitar riesgos de censura, limitaciones a la libertad de prensa o ambigüedades que puedan ser utilizadas de forma discrecional.
En un comunicado, PC resaltó que la actual Ley 6132, vigente desde 1962, quedó desfasada frente a los avances tecnológicos y la evolución digital, lo que hace necesaria una actualización profunda y coherente con los principios democráticos que rigen República Dominicana.
Entre los aspectos más innovadores del proyecto, Participación Ciudadana destaca el reconocimiento del acceso a internet como un derecho fundamental y el compromiso del Estado de garantizar condiciones equitativas de conectividad para los ciudadanos.
Participación Ciudadana elogió la inclusión de disposiciones que prohíben la censura indirecta mediante el uso arbitrario de la publicidad estatal o la asignación de frecuencias, práctica que asegura siempre ha sido utilizada para premiar o castigar líneas editoriales en los medios.
Pero, además de eso, la organización dijo que otro avance importante es el relativo a la regulación de las plataformas digitales y redes sociales con gran alcance, que les obliga a ser transparentes sobre sus algoritmos, condiciones de servicio y mecanismos de apelación cuando sean eliminados o modificados contenidos publicados por los usuarios.
El movimiento cívico resaltó que el proyecto también protege la labor periodística, con el reconocimiento de la cláusula de conciencia, el secreto profesional y el principio de tolerancia frente a las críticas dirigidas a figuras públicas y funcionarios, lo que entiende refuerza el escrutinio democrático.
PC considera que es positiva la creación del Instituto Nacional de Comunicaciones (Inacom), en sustitución de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, un órgano colegiado, con autonomía funcional y administrativa, que estaría regido por un consejo directivo designado mediante ternas, “lo que representa una mejora institucional”.
No obstante, Participación Ciudadana identificó varios artículos que requieren ajustes o mayor discusión para evitar riesgos de censura, limitaciones a la libertad de prensa y ambigüedades que puedan ser utilizadas de forma discrecional.
Entre los puntos señalados por PC, destaca el artículo nueve que condiciona el archivo de contenidos informativos a que sean “veraces”, un criterio subjetivo que podría usarse para exigir la eliminación de información incómoda.
También cuestiona el artículo 13, que exige al director de un medio residir de forma permanente en el país, desconociendo la realidad del periodismo por Internet.
Participación Ciudadana considera que podría crear problemas la disposición del artículo 23, que permitiría eliminar de los motores de búsqueda informaciones que afecten la vida privada, sin dejar claro que no aplicaría a casos de corrupción pública.
Cuestiona, además, la atribución al Inacom de velar por el “buen uso” de la lengua nacional, un concepto que considera demasiado amplio y que podría dar lugar a censuras injustificables, como ha ocurrido en el pasado.
También señala como un punto sensible el artículo 59, que faculta a jueces a suprimir del proceso judicial datos considerados difamatorios, lo cual podría dificultar la presentación de casos de corrupción o delitos económicos, donde es inevitable mencionar nombres de imputados todavía no condenados.
Propone que el período de inamovilidad de los miembros del Consejo Directivo del Inacom sea extendido de dos a cuatro años, para garantizar mayor independencia frente a presiones políticas y que sea delimitado mejor el rol de la Junta Central Electoral en la regulación y no solo en campañas.
Agregar Comentario