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Nueva York – Daniel Del Castillo Pratts, presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, señaló que cualquier disminución en los fondos del programa Medicaid en el Congreso federal generaría un efecto dominó, afectando no solo los servicios a pacientes en los estados, sino también en la isla.
Del Castillo, quien asumió el cargo a fines del mes pasado, explicó en entrevista con El Diario que la mitad de los ingresos de ciertos hospitales en el territorio provienen de la atención a beneficiarios de Medicaid.
El directivo de la Asociación advirtió que una reducción en las partidas podría resultar en un “gran impacto” en cadena con consecuencias no solo en los servicios a pacientes que se benefician del programa, sino a la población hospitalaria en general.
“Para que te hagas una idea, en algunos hospitales en Puerto Rico podría significar el 50% del ingreso. Mayormente, estos hospitales en zonas rurales representan hasta un 50% de ingreso; esos pacientes que los visitan son pacientes de Medicaid. Puede fluctuar entre hospital entre 20% a 50%, pero, sin duda, si hay un recorte en esos fondos, se afectarán las finanzas de esos hospitales, lo que resultará en que los hospitales no podrán operar ni para los de Medicaid ni para los que no son Medicaid”, argumentó el también director ejecutivo regional para las operaciones de Encompass Health en Puerto Rico.
En este contexto, el entrevistado indicó que cualquier cambio también tendría implicaciones para miles de pacientes conocidos como “duales” o que reciben simultáneamente Medicare.
“Actualmente, hay 1,050,000 personas que reciben fondos de Medicaid (en Puerto Rico), directamente; pero también hay unos 200,000 o 300,000 que son los que se conocen como “dual eligibles” (elegibles duales), que son beneficiarios de Medicaid, y, a la vez, de Medicare, porque son personas de 65 años o más. Así que estamos hablando de unos 1.4 millones de personas que se benefician de estos fondos de Medicaid”, expuso Del Castillo.
“Si esos fondos se recortan, se afectará la industria en general en Puerto Rico y en Estados Unidos”, afirmó Del Castillo, quien también fue presidente de la Junta de Directores del Colegio de Administradores de Servicios de Salud de Puerto Rico.
Lo anterior fue parte de lo que Del Castillo y otros miembros de la entidad estuvieron discutiendo con representantes de la industria en la más reciente conferencia anual de la Asociación Americana de Hospitales (AHA) que se llevó a cabo entre el 4 y 6 de mayo pasado en Washington D.C.
Después de su participación en el evento, el portavoz de la Asociación concluyó que existe un consenso bastante generalizado a nivel de los estados y en territorios como Puerto Rico de que la reducción de $880,000 millones en el presupuesto federal que buscan algunos republicanos en la Cámara de Representantes no debería provenir del seguro de salud para personas con bajos ingresos.
“El gobierno federal está buscando $880,000 millones y uno de los programas más grandes en términos de fondos federales es el Medicaid, y el Medicare también, pero el Medicaid, particularmente, y hay una agenda bien definida a nivel de todos los estados con sus congresistas, con sus senadores para evitar los recortes de los fondos de Medicaid, porque definitivamente sería una tragedia para todos los estados y Puerto Rico también”, planteó el graduado de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
En la actualidad, y, como parte del proceso de conciliación presupuestaria, algunos republicanos en el Congreso contemplan una resolución presupuestaria que podría afectar a programas como Medicaid y SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria).
Los comités de la Cámara de Representantes han comenzado a realizar revisiones para los distintos componentes del paquete de conciliación, según una actualización este viernes de la organización independiente Committee for a Responsible Federal Budget.
El 10 de abril, tras la votación en el Senado, la Cámara adoptó una resolución presupuestaria concurrente que establece las bases para desarrollar el proyecto de ley de conciliación.
Si bien la Cámara de Representantes y el Senado adoptaron la misma resolución con instrucciones para el proceso de conciliación, al momento, los legisladores están debatiendo qué incluir en el paquete final de reconciliación.
Del Castillo confió en que, al final y ante la aparente postura del presidente Donald Trump de no respaldar recortes al Medicaid, el plan sea descartado.
“Están revisando todo el presupuesto y esa reducción es para un plazo de 10 años, y es mucho dinero, y, sin duda, hay que ver si lo lograrán. Esa es su meta. Pero el mensaje que recibí de los congresistas es que Medicaid es importante para los estados y más para los hospitales que están en zonas rurales… Así que sé que la razón va a prevalecer sobre la intención que quizá haya…”, insistió el ejecutivo.
El entrevistado adelantó que, a través de la Asociación y también en coordinación con funcionarios del gobierno de Puerto Rico, continuarán “muy activos” informando a los legisladores en la capital federal sobre la importancia de Medicaid en la isla, donde, según recalcó, se hace más con menos.
“Algo importante que tiene Puerto Rico es que se creó la Ley de Reclamaciones Falsas (Ley 154-2018), que creó una unidad de control de fraude (bajo el Departamento de Justicia), y eso yo creo que es lo que buscan los congresistas, que los fondos que se utilicen, se utilicen correctamente; que se evite el fraude… Creo que si le presentamos eso al Congreso, que estamos usando los fondos para lo que son… les presentamos que tenemos las herramientas para evitar el fraude y el abuso, sabrán que nosotros hacemos más con menos. Saben que el costo por paciente es menor que en los estados. Lo que vamos a mostrarles es que en realidad los fondos son importantes, los utilizamos bien…”, argumentó sobre el enfoque del cabildeo.
En el caso hipotético de que el Congreso procediera con recortes al programa, Del Castillo anticipó que se produciría un desajuste presupuestario en las finanzas ya delicadas de la isla.
“Sería de gran impacto para Puerto Rico. Puerto Rico está reorganizando sus finanzas utilizando los mecanismos de la ley (PROMESA) que creó la Junta de Control Fiscal… Definitivamente, eso crearía un desajuste en el presupuesto de Puerto Rico, y, si no se identifica de dónde saldrán esos fondos, volveríamos atrás otra vez”, dijo.
Añadió que las autoridades locales posiblemente tendrían que aportar más al programa.
“En caso de recorte, el gobierno estatal tendría que aumentar la aportación para mantener los mismos beneficios que tenemos ahora”, especificó.
“Están considerando las diferentes alternativas para poder prepararse para cualquiera de las situaciones que ocurra”, agregó sobre la evaluación que hacen agencias como el Departamento de Salud.
En una presentación ante el Comité Asesor de Puerto Rico de la Comisión de Derechos Civiles de EE.UU. (USCCR), el analista sénior de políticas del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas (CBPP), Javier Balmaceda, argumentó que Puerto Rico necesita y debe tener acceso pleno y equitativo a programas de salud como Medicaid.
Puerto Rico recibe una subvención en bloque fija cada año, que no es suficiente para cubrir los costos de atención médica de sus afiliados a Medicaid, y que además está muy por debajo de lo que reciben los estados. Esta realidad pone a los pacientes en el archipiélago en un riesgo mayor en periodos de más necesidad, planteó el portavoz de CBPP.
“Una vez que se agote la subvención en bloque, se espera que Puerto Rico pague la totalidad del costo restante de los servicios de atención médica de Medicaid con sus propios fondos, lo cual es insostenible dados sus recursos financieros ya limitados”, señaló.
Mediante la Ley de Cuidado de Salud Asequible y otras, el gobierno federal ha proporcionado fondos suplementarios para expandir el programa de Medicaid en Puerto Rico.
Sin embargo, esta financiación suplementaria, profundizó Balmaceda, se proporciona temporalmente, lo que dificulta que el territorio planifique la cobertura médica a largo plazo.
El Porcentaje de Asistencia Médica Federal (FMAP) para el programa Medicaid en Puerto Rico en la actualidad es de 76%.
Este FMAP mejorado se mantendrá vigente hasta el 30 de septiembre de 2027, momento en que volverá al 55 % establecido por ley. El último aumento se promulgó a través de la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2023.
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