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Los dos desafíos cruciales de la economía dominicana son el afianzamiento de los niveles de estabilidad económica, social y política y optimizar el espacio fiscal para reducir el déficit fiscal, las necesidades de financiamiento, la carga del servicio de la deuda sobre el presupuesto y aminorar los niveles de desigualdad.
Esta afirmación fue hecha por el economista Nelson Suárez, quien puntualizó que la brecha de desigualdad es cada vez mayor en el país entre los súper ricos y los súper pobres.
Señaló que las necesidades de recursos del Gobierno para el 2026 sumarían el 22 % del producto interno bruto (PIB), unos RD$1,789,150.4 millones.
De ese porcentaje, el 11.4 % del PIB correspondería al gasto primario corriente del Gobierno, 3.3 % a los intereses de la deuda sin el Banco Central, 1.5 % a la amortización de la deuda, 2.17 % al gasto de capital, 1.17 % al subsidio al sector eléctrico y 0.71 % para que el Ministerio de Hacienda asuma la deuda cuasifiscal.
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Las consideraciones de Suárez están contenidas en el documento “Situación y perspectivas de las finanzas públicas en República Dominicana”, publicado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Padre José Luis Alemán, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.
Indica que la diferencia entre las necesidades de fondos y los ingresos fiscales es de 16.3 % del PIB.
Destacó que entre el 2000 y 2024, el Gobierno destinó US$37,760 millones al pago de los intereses de la deuda pública.
En el primer gobierno de Luis Abinader se pagaron RD$890,745 millones de los intereses de la deuda pública.
Para este año, el presupuesto para el pago de los intereses de la deuda, incluyendo el Banco Central, es de RD$333,486 millones.
Los recursos presupuestados para cubrir el servicio de la deuda pública del Gobierno Central alcanzan los RD$422,989.3 millones, lo que representa el 34.1 de los ingresos fiscales estimados.
Entre el 2000 y 2024 el gasto corriente primario ha tenido un 9.7% del PIB.
Suárez consideró que el Gobierno y los diferentes sectores sociales, económicos, empresariales y políticos interesados en que se concreten cambios en la política fiscal, deben comprometerse a una reforma gradual con equidad, no traumática y con visión estratégica.
Esa reforma fiscal, dijo, debe revisar el diseño y la estructura del sistema tributario para simplificarlo, mejorarlo, darle equidad, ampliar la base tributaria y aumentar la eficiencia recaudatoria.
Otro aspecto de la reforma fiscal sería, de manera gradual, revisar las exenciones y exoneraciones tributarias existentes, así como fortalecer las reglas fiscales en la gestión del gasto y endurecer las responsabilidades ante su violación.
Suárez también plantea la revisión y reestructuración de la estructura del Estado para garantizar un financiamiento adecuado, equilibrado y disciplinado de la administración pública a mediano y largo plazo. La gradualidad de la reforma fiscal supone la definición de las diferentes etapas de esta y su programación y cronograma.
