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WASHINGTON — Mientras el Departamento de Justicia estadounidense alega en los tribunales que se esfuerza por acatar las órdenes judiciales y garantizar el debido proceso a los migrantes antes de deportarlos, el Presidente Donald J. Trump y sus principales consejeros presentan, con creciente frecuencia, un argumento diametralmente opuesto: ¿Para qué hacerlo?
En su afán por detener y deportar a la mayor cantidad posible de migrantes con la mayor celeridad, la Administración Trump ha desechado cualquier atisbo de sujeción a los límites constitucionales que, en el pasado, habían restringido a los Presidentes de ambos partidos en materia migratoria.
En su lugar, sostienen que cuando se trata de personas que ingresaron de manera ilegal a Estados Unidos, el Presidente posee un poder ilimitado para expulsarlas sin posibilidad de recurso.
“Los estamos sacando, y un juez no puede decir ‘No, debe haber un juicio'”, declaró Trump el 22 de abril. “El juicio tardaría dos años. Tendremos un país muy peligroso si no se nos permite hacer lo que tenemos derecho a hacer”.
Realizó comentarios similares en las redes sociales, escribiendo: “No podemos dar juicio a todos, porque hacerlo llevaría, sin exagerar, 200 años”.
Estas declaraciones causan alarma entre los expertos legales, quienes señalan que en Estados Unidos los derechos civiles son para todos, no solo para los ciudadanos.
“Es enormemente inquietante”, expresó Erwin Chemerinsky, rector de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley. “Es sumamente preocupante escuchar al Presidente y a altos funcionarios del poder ejecutivo tener en tan baja estima a la Constitución estadounidense. Es fundamental destacar que la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda establece que nadie puede ser ‘privado de su vida, libertad o propiedad, sin el debido proceso legal’. No dice ‘ciudadano'”.
Thomas D. Homan, el “zar fronterizo” de Trump, comentó: “Me parece increíble que exista cada vez más y más presión por el debido proceso, más proceso para estos grupos terroristas designados, cuando, de hecho, nadie solicitó debido proceso al cruzar la frontera”.
La Corte Suprema estadounidense ha dictaminado que los inmigrantes en Estados Unidos, independientemente de su estatus legal, tienen garantizado el derecho al debido proceso, pero lo que se considera debido proceso varía según el estatus legal y las circunstancias de la persona. El Congreso estadounidense ha establecido un proceso acelerado para la deportación de inmigrantes indocumentados recién llegados al país, con limitadas oportunidades de revisión judicial.
Sin embargo, la Administración Trump busca ir más allá de ese proceso, invocando poderes de guerra que socavan principios fundamentales de la sociedad estadounidense, afirmó Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), quien es el principal asesor legal en las impugnaciones al uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de la Administración.
“El derecho al debido proceso no es un lujo, sino uno de los principios fundamentales de nuestra nación, que nos diferencia de los regímenes autoritarios donde alguien puede ser detenido en la calle y desaparecer sin dejar rastro”, declaró.
Algunos de los hombres deportados por la Administración Trump habían sido identificados como pandilleros debido a sus tatuajes o a ciertas prendas de vestir, incluyendo una camiseta de baloncesto de los Chicago Bulls.
“Los gobiernos cometen errores, y el debido proceso es una forma de asegurar que, si alguien va a ser deportado, lo sea legalmente”, afirmó Chemerinsky.
En un intento por eludir el proceso habitual, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a inmigrantes acusados de ser miembros del Tren de Aragua, una violenta pandilla callejera venezolana que, según la Administración, había invadido Estados Unidos. La ley, aprobada en 1798, solo se había aplicado tres veces en la historia estadounidense, todas durante periodos de guerra declarada.
No obstante, la Administración Trump ha encontrado obstáculos en abogados y jueces.
En una audiencia ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, la jueza Patricia Millett señaló que la última vez que se invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, contra presuntos nazis durante la Segunda Guerra Mundial, los acusados recibieron un aviso de 30 días para impugnar la acusación y una audiencia.
“Los nazis recibieron un mejor trato bajo la Ley de Enemigos Extranjeros que lo que ha ocurrido aquí”, declaró la jueza Millett en marzo.
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