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Washington, Estados Unidos.- La administración del presidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que autorice la finalización anticipada de los permisos humanitarios concedidos a más de 500 mil migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Es una apelación urgente presentada tras el bloqueo por un tribunal federal en Boston de la cancelación del programa que permite a estas personas residir y trabajar legalmente en el país. La medida, dictada en abril por la jueza Indira Talwani, detuvo los planes del gobierno republicano de revocar dichos permisos, que empezarían a caducar este mes.
En su solicitud, el equipo legal de Trump argumentó que el fallo es una intervención indebida en las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al impedir la implementación de una política migratoria diseñada por el Ejecutivo. “El tribunal de distrito ha invalidado una de las decisiones migratorias más importantes de esta administración”, indicó el Procurador General John Sauer.
La jueza Talwani, designada por el expresidente Barack Obama, sostuvo que el intento de cancelación se fundamentó en una interpretación errónea de la ley y alertó que los beneficiarios afrontarían una disyuntiva extrema: abandonar el país o quedar expuestos a la deportación.
El caso se añade a una serie de apelaciones urgentes que el gobierno de Trump ha presentado en temas migratorios, como parte de su postura firme en este ámbito. En su campaña, prometió deportar a millones de personas e intentó desmantelar políticas impulsadas por la anterior administración de Joe Biden, que ofrecieron nuevas vías legales de entrada a individuos con patrocinadores financieros.
Bajo la presidencia de Biden, se amplió el uso de la figura del permiso humanitario, una herramienta legal vigente desde 1952, que posibilitó el ingreso controlado de más de medio millón de personas entre finales de 2022 y 2024. La autorización tenía una duración de dos años, incluyendo el derecho a trabajar legalmente.
Organizaciones de derechos humanos y defensores de migrantes han catalogado de “sin precedentes” la intención de anular el programa y han advertido que podría contravenir regulaciones federales.
La decisión final ahora recae en la Corte Suprema, que deberá decidir si el Ejecutivo tiene la potestad de revertir una política migratoria en curso y qué consecuencias acarreará esto para miles de familias que, hasta ahora, gozan de una protección temporal.
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