Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Tucson, Arizona. — Una mujer guatemalteca indocumentada, identificada como “Erika”, cruzó la frontera estadounidense embarazada, con aproximadamente ocho meses de gestación. Tras ser detenida por la Patrulla Fronteriza, fue llevada de urgencia al Tucson Medical Center (TMC), donde dio a luz el pasado miércoles, y se suspendió su deportación.
Un día después del alumbramiento, un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) declaró al Arizona Daily Star que Erika enfrentaba un proceso de “deportación acelerada” y que se le daría la opción de dejar a su bebé en Estados Unidos o llevárselo consigo. Sin embargo, gracias a la intervención de la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, se logró frenar temporalmente su expulsión.
Erika, de 24 años, se encontraba bajo custodia de la Patrulla Fronteriza, cuyos agentes permanecieron en el hospital incluso durante las horas posteriores al parto, con la intención de entregarla al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para iniciar su deportación.
El caso ha generado indignación entre defensores de los derechos humanos, quienes organizaron protestas afuera del hospital y denunciaron el trato que reciben las personas migrantes en situaciones de extrema vulnerabilidad.
Su abogado, Luis Campos, aseguró que los agentes de la Patrulla Fronteriza montaron guardia en la puerta de su habitación y que le impidieron el acceso para reunirse con su clienta.
“Es inhumano que una mujer que acaba de dar a luz esté rodeada por agentes armados, sin acceso a asesoría legal ni apoyo emocional”, denunció un voluntario de una organización local de apoyo a migrantes, quien pidió mantener el anonimato por temor a represalias.
La inmigrante guatemalteca no tiene familiares en Estados Unidos. Su bebé, nacido en suelo estadounidense, es ciudadano por nacimiento, lo que podría abrir una vía legal para su permanencia en el país. Sin embargo, activistas temen que sea deportada antes de que tenga oportunidad de presentar alguna solicitud de asilo o iniciar un trámite de custodia o protección para su hijo.
El sábado por la tarde fue liberada y enviada a una organización sin fines de lucro en Phoenix, mientras su abogado tramita un caso de asilo y espera ser escuchada en una corte de inmigración.
“Esta es precisamente la clase de circunstancias para las que se crean las excepciones humanitarias a la ley”, declaró la fiscal del condado de Pima, Laura Conoever, citada por el Tucson Sentinel. “Agradezco al personal del Centro Médico de Tucson y a la comunidad por demostrar una vez más la compasión que caracteriza a Tucson”, agregó.
La Corte Suprema revisará intento de restringir la ciudadanía por nacimiento impulsado por Trump
La Corte Suprema de Estados Unidos se prepara para escuchar el próximo 15 de mayo una solicitud clave que podría poner en riesgo el principio constitucional de ciudadanía por nacimiento.
El caso, promovido por abogados vinculados a la administración del expresidente Donald Trump, busca que el máximo tribunal considere si se puede negar la ciudadanía automática a niños nacidos en EE.UU. cuando uno de sus padres no se encuentra legalmente en el país.
De ser aceptado y eventualmente aprobado, este cambio podría alterar profundamente la interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución, que desde 1868 garantiza que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”.
Agregar Comentario